El Sistema «permite conocer en profundidad» las características de las violencias de género y determinar el nivel de riesgo en que se encuentra una persona, explicaron durante la presentación del estudio estadístico en una actividad realizada en la cúpula del CCK, que encabezó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, junto a parte de su gabinete y representantes de áreas de género de distintas provincias.
«Es una herramienta única en Argentina que realmente valora la transformación que necesitamos», reconoció Mazzina durante el panel de inauguración del evento, mientras agradeció «por todo el trabajo que han hecho» para lograr la efectivización del sistema.
También destacó que los casos ingresados en el Sicvg «no son solo datos y números» ya que «detrás de esos datos hay personas» las cuales «necesitan una respuesta institucional y de personas que estamos atrás».
El objetivo de este sistema «es sistematizar la información con un enfoque estadístico y ser una herramienta de consulta, articulación y seguimiento, lo que contribuye a la elaboración de políticas públicas con sustento empírico a nivel nacional y federal», se resaltó en el documento.
«Es el primer sistema nacional que integra información y que le brinda a las instituciones que participan, que son quienes envían sus datos o que cargan directamente en el sistema, la posibilidad del acceso a esa información en términos estadísticos, pero también para poder tener un sistema de gestión para sus propias casos», explicó a Télam la directora técnica de Registros y Bases de Datos del Ministerio, Lorena Balardini.
En este sentido sostuvo que «en la génesis misma de este sistema estuvo la idea de federalismo y de construcción territorial y de mirada sobre cómo en cada provincia se estaban registrando las situaciones de violencia».
El análisis determinó que el 97,5% de las personas agredidas son mujeres, y el resto del porcentaje corresponde a LGBTI+.
La provincia de Buenos Aries y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Tucumán son los distritos con mayores registros.
En el ámbito doméstico es donde se manifiesta abrumadoramente la violencia, con un 97,1 %, en tanto el 1,3% de los registros son por violencia laboral, y un 1,2% por violencia institucional.
También el Sistema incorporó incipientes y recientes datos sobre violencia contra la libertad reproductiva (190 registros), violencia obstétrica (160), violencia en el espacio público (110) y violencia política (8).
«Si bien aún son datos residuales, es importante destacar que comenzamos a tener registros de esas situaciones que podrán ser analizadas con más detalle mediante otro tipo de abordajes», se explicó en el documento oficial.
Una misma persona puede ser víctima de distintos tipos de violencia a la vez, pero a los efectos estadísticos se diferenció entre psicológica (85%); seguida por la física (74,3%), la económica (40%), simbólica (30,1%), ambiental -cuando se dañan objetos de las victimas- (19,7%) y sexual (19,2%).
Otro dato significativo es que el 95,8% de las personas agresoras son varones, el 87,8% son la pareja o ex pareja de la persona en situación de violencia y que el 23,2% tiene acceso a armas de fuego.
El Sistema, además, identificó víctimas que están embarazadas, conviven con una discapacidad, son afrodescendientes, migrantes, refugiadas, pertenecientes a pueblos originarios, privadas de libertad o en conflicto con la ley penal.
También lugares donde viven las víctimas, determinando tipo y condiciones de vivienda, situación de calle o residencia en una institución.
Así, este primer informe del Sicvg incorporó la dimensión de la interseccionalidad -una categoría de análisis que muestra las distintas realidades de una persona, por ejemplo, si convive con una discapacidad- y la diversidad de género y orientación sexual.
También aportó que sólo el 10% de las víctimas no tiene niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad a cargo, es decir, el 90% son cuidadoras.
Sobre las intervenciones ante estas situaciones, la mayoría de las personas recurrió a la policía y a la justicia, y en pocas ocasiones al sistema de salud o a dispositivos de protección integral.
Como novedad, el Sicvg incluyó variables y categorías para sistematizar información sobre LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género.
Fueron 18.808 las personas de esta población asistidas.
Además, «avanzó en una mirada sobre la asistencia del Estado (aborda qué instituciones intervinieron en el caso antes del registro y contiene el seguimiento y asistencia posterior) y es el resultado de la traducción de registros diversos: los cargados directamente en el sistema, los migrados de registros históricos y los ingestados de bases de datos de otros organismos», se detalló en el documento.
El Sistema funciona a través de una aplicación web en la que se aloja un padrón integrado de personas asistidas y consultas que se identifican por tipo y número de documento.
Para este informe se utilizaron datos de nueve áreas de género provinciales y seis municipales, un organismo judicial, cinco dispositivos territoriales de protección, datos del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres de diecisiete provincias y siete organismos nacionales, y la información de cuatro programas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Como conclusión, el informe destacó que «casi 700.000 registros en poco más de dos años de implementación del Sicvg, de los cuales en cerca del 50% cuentan con datos bastante exhaustivos de la situación vivida, además de contar con datos para la trazabilidad de casi medio millón de personas asistidas y la posibilidad de registrar asistencias e intervenir de manera compartida en los casos, son hitos centrales de esta herramienta de gestión de la información».
Fuente: Télam.
 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que fueron presentados este lunes.){kind=link}