Dos ciudades de la región chilena de Valparaíso suspendieron las clases después de que más de 75 personas, entre ellas decenas de estudiantes, resultaran intoxicadas por la contaminación provocada por la industria pesada, por lo que autoridades locales responsabilizaron a la empresa estatal Codelco.
Se trata de Quintero y Puchuncaví, dos municipios de la región Valparaíso ubicados respectivamente a 162 y 142 kilómetros al noroeste de Santiago, en la llamada «zona de sacrificio ambiental».
«Ayer tuvimos un pico de dióxido de azufre que superó cinco veces la norma horaria a las 2 de la madrugada; Quintero y Puchuncaví son comunas que han tolerado por décadas esto, pero tienen que llegar a su fin», afirmó el alcalde de Quintero, Rubén Gutiérrez, según la agencia de noticias AFP.
Quintero y Puchuncaví albergan empresas mineras, petroleras, cementeras, gasíferas y químicas, y organizaciones ambientalistas como Greenpeace la llaman «el Chernobil chileno».
«Tuvimos una afectación general de colegios municipalizados y subvencionados, donde más de 50 niños y más de 25 asistentes de la educación fueron afectados por los efectos de gases tóxicos», indicó un comunicado del municipio de Quintero.
Por su parte, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, un reconocido ambientalista, apuntó contra Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, como la responsable del episodio y comentó que se contactó con el director ejecutivo de la compañía.
«Le pedí que asumiera su responsabilidad, que viniera al territorio y va a estar aquí el día jueves a las 15.30 porque me interesa conocer su opinión y medidas que van a adoptar para adecuar sus prácticas de producción», sostuvo, según el diario santiaguino El Mercurio.
Mundaca agregó que «se debe pesquisar las responsabilidades, porque el contaminar no puede ser gratis y el hipotecar la vida de los niños tampoco puede ser gratis».
«No toleraremos más zonas de sacrificio», aseguró. Las autoridades de Salud de la región de Valparaíso comunicaron que todos los casos presentaron sintomatología asociada a cefalea, picazón en ojos y garganta, y náuseas.
Los afectados estuvieron en observación y luego fueron dados de alta. La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González Cortés, decretó la emergencia ambiental en esas dos localidades, donde se suspendieron las clases, toda actividad física y las fuentes de calefacción.
«Adoptamos todas la medidas que teníamos a nuestro alcance; convocamos a un Cogrid (Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres) donde declaramos la GEC (Gestión de Episodios Críticos) exigiendo a las empresas bajar sus emisiones, extendimos la suspensión de clases», dijo González Cortés a periodistas.
Según la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en la zona se registró ayer un pico de dióxido de azufre (SO2) de 1.327 ug/m3, cinco veces superior a la norma.
Los análisis indican que la concentración de dióxido de azufre que generó las intoxicaciones habrían provenido de la fundición Ventanas dedicada al procesamiento de concentrados de cobre de Codelco.
La SMA ordenó medidas provisionales de mitigación a Codelco, como cambiar las operaciones «en caso de existir condiciones de ventilación malas y regulares» e instalar «un nuevo sensor de temperatura» en un plazo de cinco días.
La termoeléctrica AES Andes, filial de la estadounidense AES Corporation, también fue conminada a tomar medidas, como operar «en condición límite de los desulfurizadores en alerta ambiental».
«Las medidas se fundamentan debido al aumento en las concentraciones de dióxido de azufre, lo cual ha significado un riesgo a la salud de la población», dijo Emanuel Ibarra, superintendente del Medio Ambiente.
Tras una reunión con autoridades locales y representantes de las industrias, la ministra del Medio Ambiente del gobierno del presidente Gabriel Boric, Maisa Rojas, informó que se aplicará «al máximo el principio preventivo» y que se avanzará «en soluciones estructurales».
«Necesitamos establecer medidas de corto plazo para poder hacer frente a este invierno», agregó.
La funcionaria también aseguró que «moralmente no es posible que sigamos exponiendo a esta población a este nivel de riesgo para la salud».
