La política Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada seis años en la selva por la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lanzó hoy su precandidatura a la presidencia de Colombia, 20 años después de su secuestro, cuando se postulaba para el mismo cargo.
En una conferencia de prensa, Betancourt anunció que participará en la consulta electoral de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro para las elecciones del próximo 29 de mayo.
«Voy a trabajar desde este instante sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente», afirmó la dirigente del partido Verde Oxígeno, reportó la agencia AFP.
Betancourt, de 59 años y quien tras su rescate en un operativo militar se radicó en el exterior, evocó su secuestro hace 20 años a manos de los rebeldes de las extintas FARC cuando precisamente estaba en campaña para la presidencia.
«Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002. Con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo», sostuvo la candidata.
Betancourt se presentó como una alternativa de centro ante la disputa entre la derecha en el poder y la izquierda que encabeza el exalcalde y exguerrillero Gustavo Petro, favorito en las encuestas.
«Por décadas hemos tenido sólo malas opciones: extrema derecha, extrema izquierda. Ahora llegó el momento de tener una opción de centro», dijo la aspirante.
Al mismo tiempo se trazó como objetivos el combate a la inseguridad y a la contaminación ambiental. «Yo creo en un mundo con visión de mujer», agregó.
Betancourt volvió a la vida pública tras apoyar el proceso de paz del gobierno colombiano con la organización insurgente que la secuestró en 2002. La política fue llevada a lo profundo de la selva y allí estuvo como rehén hasta 2008, cuando el ejército la rescató en una operación junto a otros secuestrados.
La aspirante presidencial es una de las víctimas que espera «verdad, justicia y reparación» en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el tribunal de paz conformado tras el pacto de 2016, que terminó con un conflicto de más de medio siglo con esa guerrilla marxista.
Quienes confiesen sus crímenes y reparen a los afectados por la guerra podrán eludir la prisión, de lo contrario se exponen a condenas de hasta 20 años.
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