En diálogo con Radio 3 la defensa pública Cristina Sadino explicó que “la fiscalía les formuló cargo a los tres jóvenes estudiantes y postuló la legalidad de la detención, basado en la flagrancia, en las indicaciones del personal de seguridad de este establecimiento Chacras de El Faro, que los había visto ingresar al predio, pasar por un socavón, traspasar el metro de alambre que cerca todo el perímetro y dirigirse a un tráiler”.
“En virtud de esa actitud sospechosa y supuesta actividad delictual, estos tres jóvenes fueron demorados, lo que fue marcado en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal”, precisó.
“La Fiscalía también pidió que se les abra una investigación por el supuesto delito de violación de domicilio, porque entendía que habían pasado los límites de la propiedad del complejo de chacras, la defensa requirió información sobre las circunstancias del perímetro, la jueza lo mismo, pero no hubieron precisiones”, analizó.
“Hubo dos defensores, uno de los jóvenes dispuso de uno particular (el doctor Godoy Spur) que cuestionó la legalidad de la detención, sostuvo que había sido ilegal porque no se había registrado ninguna actividad sospechosa ni ilícita y también postuló la tipicidad”, especificó Sadino.
“Nosotros, como defensores públicos, entendimos y la jueza también coincidió que se daba el marco para que el personal policial produjera la detención, pero al mismo tiempo planteamos que la conducta era atípica, que no se enmarcaba en el artículo 150 del Código Penal sobre la violación de domicilio, que en un sentido estricto es un lugar habitado, morada, y en un sentido amplio que implica la perturbación a la intimidad de las personas, o la invasión a la libertad”, argumentó la doctora.
“Sostuvimos que era atípico porque en el tráiler no había ninguna persona, por lo que la jueza consideró legal la detención, pero argumentó que con lo que se había plasmado en el hecho no había encuadre en el supuesto del artículo 150 del Código Penal, no hubo apertura de investigación y la libertad de los jóvenes nunca estuvo en cuestión porque la fiscalía tampoco había pedido ningún tipo de medida coercitiva para los chicos”, resumió la defensora.
“No se pudo acreditar que hubieran forzado el tráiler, ni que faltaron cosas, ninguna de estas circunstancias, lo que dice la denuncia es que los jóvenes andaban con un trípode del tipo de agrimensores, lo que les llamó la atención al personal de seguridad”, recalcó.
“Los jóvenes no declararon por recomendación nuestra porque al entender que no había delito, no tenían que aclarar nada, sí quedó claro que estaban en una actividad académica”, señaló en el final Sadino.
Por su parte, la concejal Viviana Navarro, una de las funcionarias que demandó la libertad de los estudiantes, hizo declaraciones públicas y aseguró que el lugar no tiene documentación para comenzar con un emprendimiento privado.
