Lo acusan de no haber querido investigar un caso de abuso sexual de un menor en Puerto Pirámides que igual llegó a juicio y terminó con la madre de la víctima y su pareja condenados a 16 y 14 años de prisión. Esto a Báez podría complicarle su candidatura a ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, para la que viene trabajando desde el último año con el apoyo explícito del Gobierno.
Justo el Consejo empieza sus reuniones este miércoles 17 y uno de los temas a tratar sería la admisibilidad o no de esa denuncia, que es impulsada, entre otros, por la asociación “Madres Victimas de Trata”
A Báez ya lo han denunciado varias veces por “mal desempeño de sus funciones”, y en todas esas presentaciones –extrañamente— las denuncias han sido automáticamente desestimadas. Ni siquiera han llegado a ser investigadas, lo que siempre dejó entrever una suerte de protección corporativa hacia el fiscal. Se llegó a decir en su momento que era un “protegido” del hoy extinto gobernador Mario Das Neves.
En la investigación del asesinato del empresario pesquero Raúl “Cacho” Espinosa, ocurrido la noche del 30 de enero de 2003 en Puerto Madryn, le endilgaron, por ejemplo, que por su culpa el caso quedó impune. Que apelando a algunas “llamativas maniobras” que hizo en la causa, benefició al que se tenía individualizado como el presunto autor del homicidio: al que le disparó a “Cacho” Espinosa afuera de su casa y delante de su mujer, y a sus cómplices.
La denuncia fue impulsada por los abogados de la querella –que representaron a la viuda—y nunca prosperó, por el contrario; el Consejo de la Magistratura directamente la rechazó, según se dijo, sin siquiera mirarla.
Ahora, ayudado por algunos medios y comunicadores, Báez ha empezado su campaña con miras a llegar a ser ministro de la Corte provincial. Pretende ocupar uno de los puestos que están vacantes en el Superior Tribunal de Justicia y transformarse en uno de “los poderosos” de la provincia. Dicen que cuenta con el respaldo del Gobierno de Mariano Arcioni, pero si prospera la denuncia que le hicieron por negarse a investigar el caso de abuso sexual de Puerto Pirámides, su ambición y sus posibilidades podrían diluirse.
El caso en el que lo acusan de inacción ocurrió en Puerto Pirámides en 2016 y en 2019 hubo dos sentencias de distintos tribunales que consideraron culpables a la madre del menor víctima y a la pareja.
Las condenas, ratificadas por la Cámara Penal fueron de 16 y 14 años de prisión, respectivamente y el próximo 30 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut fijó la audiencia (para tratar la apelación que hizo la Defensa de los condenados) que estuvo demorada porque uno de los ministros fue recusado y debió resolverse primero ese incidente.
La denuncia sobre el abuso –según algunas publicaciones que han cobrado fuerza en las últimas horas en internet–, fue radicada en Puerto Madryn en noviembre de 2016, derivó en la condena a una pareja residente en Puerto Pirámides.
En cámara Gesell, la víctima relató haber sido abusado por su madre, la pareja de ella y allegados al entorno familiar”, según se detalla.
“Se realizó la apertura de investigación solicitada por la jueza Stella Eizmendi y el plazo fijado fue de seis meses. Antes de llegar a ese lapso de tiempo la fiscalía de Puerto Madryn, cuyo jefe es Daniel Báez, pidió el sobreseimiento de la pareja. Pese a ello y tras cumplirse los seis meses de investigación, y ante el impulso de la parte querellante, la jueza Eizmendi decidió extender los plazos hasta completar el año para continuar con la causa y la recolección de pruebas”, se consigna
“Fue allí cuando la fiscalía “se corrió” aduciendo que ya se había expedido en la materia. Transcurrido el tiempo y con más elementos a su disposición, la jueza determinó elevar la causa a juicio (cuando) corría ya el año 2018. El juicio finalmente -y sin presentación de la fiscalía- se realizó en abril de 2019 en donde el tribunal decidió condenar por abuso sexual agravado por el vínculo a la pareja imputada: 16 años para la mujer y 14 para el hombre. La sanción fue ratificada por la Cámara Pena l de la ciudad”, se aclara en la publicación.
“El caso Pirámides” tuvo variados ribetes porque entre los denunciados había funcionarios del municipio de Puerto Pirámides y hasta un legislador -en ese momento- provincial. Hubo personas que atestiguaron en la causa que debieron abandonar su residencia al sentirse amenazados. Por su parte la cobertura mediática de los medios tradicionales sostuvieron la postura de allegados a la pareja que sostienen que existió una falsa denuncia de abuso”.
“El hecho tendrá, pues, dos importantes definiciones durante este mes: la propia audiencia de revisión de las condenas en el Superior Tribunal de Justicia y la admisibilidad o no de la denuncia en contra del jefe de fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez ante el Consejo de la Magistratura”, se anticipa.
