El próximo lunes 18 de julio se fijó como la fecha de inicio del juicio por los incendios en Legislatura y Casa de Gobierno del 17 de septiembre de 2019.
Los hechos se produjeron en medio de las manifestaciones de los trabajadores estatales por el atraso en el pago de sueldos y tras conocerse la muerte de 2 docentes que volvían a Comodoro luego de participar de una marcha en Rawson.
Desde la Fiscalía, que llevó a delante la investigación, se informó que el debate contará con 60 testigos que prestarán declaración.
En el caso están imputados y acusados los dirigentes gremiales Santiago Goodman, Marcela Ancaleo y Mariana Castro; a quienes los investigadores acusan de ser los responsables de los incendios.
El juicio se realizará en la Oficina Judicial de Rawson y la fiscal general Florencia Gómez, anticipó que pedirá 5 años de prisión para cada uno de los 3 imputados. El delito de incendio prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.
La investigación se basó en fotografías y filmaciones obtenidas en los incidentes, además de lo contado por 60 testigos presenciales que se tiene previsto declaren en el Juicio Oral y Público.
El debate estará presidido por la jueza Maria Tolomei, como querellante letrado se presentó Martin Castro por la Fiscalía de Estado y por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la Fiscal General Florencia Gómez.
Finalmente, desde Fiscalía sostuvieron que para “provocar ambos incendios se utilizaron pallets de madera y neumáticos que habían sido transportados en una Renault Kangoo, propiedad de Goodman”.
Además aseguran que él era “el organizador y da directivas a los presentes en el lugar, además de realizar varios viajes en ese vehículo para trasladar mayor volumen de los elementos utilizados para la combustión”.
Asimismo, se sindicó a Castro y Ancaleo como “las personas -entre otras que pudieron ser identificadas- que bajan los elementos para darle mayor dimensión a los focos ígneos en el hall de acceso a la Legislatura que además afectaron seriamente a la misma Sala de Sesiones de los diputados”.
Luego, en Casa de Gobierno, “los intervinientes provocan mayores daños y la sustracción de bienes públicos, como computadoras, utilizando para avivar el fuego documentación sacada del interior de las oficinas”, sostuvo Fiscalía.