Este jueves comenzó un juicio oral contra el ex subsecretario de Servicios Públicos de Chubut, Pablo Korn; y el titular de la firma Electrocity de Trelew, Darío D’Amico; imputados por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública” por compras que se realizaron desde la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Se trata de la adquisición de materiales eléctricos que realizó el organismo durante la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia en 2017.
El comenzó de manera semipresencial, por videoconferencia, y el tribunal está integrado por los jueces César Zaratiegui, Ivana González y Sergio Piñeda, mientras que la causa se encuentran a cargo del fiscal general Omar Rodríguez.
Puntualmente, la Fiscalía investigó un presunto favoritismo del por entonces funcionario Korn, mediante el cual contrató y adquirió de manera directa bienes y materiales a la empresa de “su amigo y socio en la actividad privada”, Darío D’Amico.
Para los investigadores existen pruebas de estas maniobras, aprovechando la necesidad de urgencia por la situación que se vivía en Comodoro en aquel entonces.
Desde la Defensa de los imputados, en tanto, se alega que la Ley de Emergencia que se había establecido avalaba ese mecanismo de compra. Además, se aseguró que la toma de decisiones estaba por encima de Korn, trasladando la responsabilidad al ex Ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino.
En cuanto a la acusación, la Fiscalía indicó que en estas circunstancias, D’Amico se vio beneficiado por una decena de compras que sumaron poco más de 3.700.000 pesos. Para los investigadores, Korn direccionaba las adquisiciones priorizando “su interés particular por encima del interés público”.
En el comienzo del juicio, los abogados defensores y la Fiscalía realizaron tres planteos. Uno está relacionado a la composición del Tribunal, el cual la Defensa de Korn consideró que debía ser unipersonal.
También se planteó la expectativa de pena, que no fue especificada en la audiencia preliminar, al igual que se expuso que parte de los actores del proceso siguen las audiencias por Internet, lo cual “afecta el legítimo derecho a la defensa” y la calidad de los testimonios de los testigos y otras pruebas que se prevé exhibir en el juicio.
Ante estos planteos, el Tribunal de enjuiciamiento dispuso un cuarto intermedio para analizar las observaciones efectuadas y la resolución la dará a conocer, en una fecha no especificada, la Oficina Judicial.
Por último, el fiscal Rodríguez adelantó que pedirá penas para ambos imputados que no serán inferiores a los 3 años y medio.
