La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la abstención de la Argentina, aprobó hoy una resolución para pedir una reforma electoral y una misión de observación para las elecciones generales de 2021 en Nicaragua, que el Gobierno de Daniel Ortega rechazó argumentando que no tiene efectos «vinculantes».
El texto, que pide una reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma independiente, transparente y responsable, fue aprobado por 20 países, con dos votos en contra y 12 abstenciones.
Nicaragua tiene previsto celebrar comicios en noviembre de 2021 en los que, probablemente, el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busque un nuevo mandato.
Serán los primeros desde la ola de protestas que sacudió el país en 2018, un movimiento que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma del seguro social y que derivó en una movilización más amplia de rechazo al Ejecutivo y cuya represión dejó al menos 328 muertos.
La resolución, que necesitaba el apoyo de 18 países para ser aprobada, recibió los votos de Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela, que en este foro está representada por un delegado del Parlamento y no del Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, el texto pide el despliegue de una misión electoral que incluya a observadores independientes, citó la agencia de noticias AFP.
Nicaragua, junto a San Vicente y las Granadinas, votó en contra y 12 países se abstuvieron, incluyendo Argentina, México y Honduras.
Durante el debate virtual, el representante de Managua, Luis Alvarado, reiteró las declaraciones del canciller Denis Moncada sobre la resolución, calificándola de «injerencista».
El diplomático nicaragüense dijo que su país «no es colonia de nadie» y afirmó que el texto no tiene «ningún efecto vinculante».
El texto fue presentado por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, y Brasil pidió sumarse a la lista de firmantes tras la aprobación.
