El plenario legislativo aprobó en general el proyecto por 148 votos contra 69, con lo cual cumplió con el requisito constitucional de la mayoría absoluta, que en Diputados implica 129 votos positivos.
El proyecto fue aprobado con el respaldo de Cambiemos, el massismo, y Alternativa Federal -que responde a gobernadores peronistas- y provinciales y el Frente Cívico de Santiago del Estero, mientras fue rechazado por el kirchnerismo, Red por Argentina y la izquierda.
En la votación en particular la Coalición Cívica -que integra la alianza gobernante Cambiemos- votó en contra de permitir el aporte de empresas y por esa razón los artículos 4, 5 y 6 referidos a esos puntos contaron con 135, 136 y 138 votos, respectivamente.
El proyecto -que eliminó la prohibición que había al respecto- establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.
Uno de los puntos centrales es que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus contribuciones.
En ese sentido, la iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2 % de los gastos autorizados por la ley.
Además, determina que no podrán realizar donaciones los entes estatales, los contratistas del Estado ni aquellos que exploten juegos de azar.
Otro artículo clave es el que reduce en un 50 por ciento la obligación de ceder espacios gratuitos en la televisión por suscripción a los partidos políticos. En el año 2020 las empresas podrán computar a cuenta de impuestos nacionales el 50 por ciento de la cesión gratuita.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), defendió la bancarización del aporte privado al afirmar que «la actual ley esconde la hipocresía, porque permitía al aporte de las empresas a través de sus gerentes ya que habilitaba a las personas físicas, pero no jurídicas, cuando es mejor que sepamos cuales son las empresas que aportan a las campañas políticas».
Desde la oposición al proyecto, el presidente del bloque del FPV, Agustín Rossi, dijo que «en el 2009 hicimos grandes cambios porque se incorporaron las pasos, y pusimos el sistema de comunicación audiviovisual al servicio de los partidos políticos», y señalo que «es inconveniente abrir la puerta al financiamiento privado».
El presidente de la comisión de Justicia, el radical Diego Mestre, afirmó que con la ley de modificación de la ley de financiamiento de partidos políticos se cumplirá con el objetivo de «evitar donaciones anónimas, ni cuál es el destino de los aportes, ni en que se gasta el dinero».
Pero desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Carlos López ratificó el rechazo de esa fuerza política a autorizar el aporte privado al expresar que «siempre hemos hablado de la autonomía que debe tener la política respecto de otros factores de poder».
Sin embargo, destacó que esta iniciativa que «esta ley iguala las reglas para todos los espacios políticos».
A su vez, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, confirmó el voto afirmativo del «massismo», pero aclaró que «hemos planteado sus diferencias», y señaló que si bien «nos nos conforma tampoco vamos a decir como señalaron algunos diputados que ponemos en juego la democracia».
El diputado y candidato presidencial de RedxArgentina, Felipe Solá, expresó el voto en contra de su bancada porque «no cree en la esencia del aporte privada a las campañas porque estamos en contra del financiamiento empresario».
El diputado Diego Bossio se quejó que la Cámara de Diputados no se reúna para debatir «temas centrales para la sociedad» y dijo que «la desvalorización de la política es moneda corriente, porque no encontramos soluciones». Alertó que desde el inicio del año legislativo «vamos a tratar dos leyes».
Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, dijo que «no estamos hablando de los temas esenciales para la sociedad como el cierre de empresas» y dijo que su espacio «quiere que el financiamiento sea solo estatal».
