El recrudecimiento de las movilizaciones que comenzaron el 7 de diciembre con la destitución y detención de Castillo derivó el 21 de enero en un nuevo cierre de este enclave.
Los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y una nueva Constitución.
En ese entonces, se registraron protestas en Cusco y en el distrito de Ollantaytambo, donde se ubica la estación de trenes de Machu Picchu que también resultó atacada y debió cerrar.
Pese a que el servicio ferroviario en la zona se reanudó la semana pasada, el acceso a Machu Picchu se mantuvo cerrado hasta hoy.
El Ministerio de Cultura confirmó en un comunicado el compromiso de todas las instituciones y organizaciones «para garantizar la seguridad del monumento y de los servicios de transporte, con el fin de que los visitantes puedan disfrutar de la experiencia de la visita».
«Esta decisión responde a la necesidad de apostar por el diálogo y la paz, en el marco del trabajo articulado entre las autoridades y la población, que requieren la reanudación de la actividad cultural y la reactivación económica de Cusco», enfatizó el Ministerio, citado por la agencia de noticias Europa Press.
Debido a la represión a las manifestaciones, la cantidad de visitantes diarios en Machu Picchu se redujo a 500, de los más de 2.000 que solían ingresar a la ciudadela inca, por lo que su reapertura es clave para la economía de la zona.
Pese a los disturbios, el Gobierno peruano llamó a los turistas a seguir viajando por el país.
En ese mismo marco, a partir de hoy el Centro Histórico de Lima fue declarado zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la “seguridad” y la “salud pública”, según el acuerdo del Concejo Metropolitano, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que la declaración de zona intangible es un paso importante para convertir al centro histórico en una atracción turística a nivel mundial.
El centro histórico comprende la zona en la que se encuentran el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, las plazas de Armas, el Congreso de la República, la Alameda de los Descalzos y el cuartel militar Barbones, entre otros edificios relevantes.
El documento argumenta que el centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y lamenta que haya sido escenario de «manifestaciones y marchas violentas y actos de vandalismo».
El texto señala que entre el 1 de julio y el 31 de enero de este año, cerca de 500 manifestaciones y marchas de diferente índole se llevaron a cabo en el centro de Lima, de las cuales «muchas veces» causaron «graves y cuantiosos daños materiales contra los bienes que integran dicho patrimonio.
En los últimos dos meses, desde de la destitución de Castillo, más de 130 manifestaciones se realizaron en el centro de Lima.
La Policía Nacional del Perú (PNP), la Prefectura de Lima, el Ministerio de Cultura y organismos de la municipalidad limeña son los que deberán velar por el cumplimiento de la medida.
Telam
