Este miércoles, el fiscal Omar Rodríguez elevó la imputación contra la ex ministra de Familia Cecilia Torres Otarola por presunto “fraude a la administración pública”. En el documento, además, se imputa a otras 12 personas quienes de acuerdo a la Fiscalía se encuentran involucradas en al menos 13 hechos.
De esta forma, la presentación alcanza a la ex funcionaria provincial y a Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en la Capital Federal; a Silvana Adriana Cañumil de Rawson, y a Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos de Trelew.
De acuerdo a la extensa presentación del fiscal a cargo de la Unidad Anticorrupción, estas 13 personas son imputadas por diferentes delitos que tuvieron como víctima al Estado Provincial.
En el caso de Torres Otarola, se la imputa por “fraude a la administración pública en calidad de autora (10 hechos), concusión (3 hechos), todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público y concurriendo materialmente entre ellos”, al igual que Jaquelina Rodera, a quien se la imputa por los mismos delitos pero en 5 hechos.
En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, se los acusa del delito de fraude a la administración pública en calidad de partícipes necesarios, (1 hecho), mientras que Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en 2 hechos y como partícipe necesaria.
En este contexto, la Fiscalía ha solicitado una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de eventuales reparaciones que se pudieran dar a futuro, considerando que la medida es “razonable y proporcional a los hechos atribuibles”.
El detalle de los hechos investigados:
En la presentación, se detalló que “Torres Otarola, antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015, poseía un comercio (“5mentarios”), ubicado en Esquel. A partir del 2014, hasta su asunción como diputada, empleo en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil”.
Posteriormente, cuando ya era legisladora provincial “gestionó y logró el ingreso a Legislatura, en el cargo de empleada administrativa de tercera, y luego en el cargo de asistente de Bloque, hasta el 12 de diciembre de 2019”, de Cañumil.
Si bien ella “figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de la diputada”, señala el escrito.
Asimismo, se precisa que “Cañumil vivía en la casa de la diputada, en Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los menores”.
Por otra parte, también en el período como legisladora, Torres Otarola “gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia”, con quien según los investigadores la ex funcionaria tenía “un estrecho vínculo de amistad”, al igual que el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales.
Asimismo, “gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de Rodera y Neira, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura”.
A todo esto, también se dio cuenta que “Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura. Fue así que en 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval”.
A estas tres personas “la Diputada obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio”, remarcaron los investigadores.
“Para ello, al momento de cobrar sus haberes debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Cañumil, quien era la que encargada de llevar a cabo la recaudación, operación que se hacía por transferencias bancarias”.
Cañumil, por su parte, “lo giraba a las cuentas de Otalora, que poseía en el Banco del Chubut y Banco Nación”, expusieron desde el Ministerio Público Fiscal.
Siguiendo con la presentación, se detalla que este “modus operandi” se modificó una vez que la ex diputada provincial dejó su banca en diciembre de 2019 y asumió como Ministra de Desarrollo Social y Familia.
A partir de ese momento, la por entonces Ministra provincial “va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación”, se remarcó.
Dicho grupo “se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vínculo estrecho con Otarola y de alguna manera servía para nutrir los intereses espurios” de la ex Ministra.
Fue así, que “ya en el cargo de Ministra, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo Marcelo Neira en el cargo de Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y Compras, Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General, Raúl Rodera (hermano de Jaquelina) en el cargo de Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, ocupa un cargo con rango de Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, Secretario Privado de Jaquelina Rodera, Miguel Reto, en el cargo de Director General”, se detalló.
Según la presentación “de estos elementos surge la relación de Otarola con los Rodera-Neira” ya que según se considera “la gestión para que puedan ocupar distintos cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.
En este escenario, además de estas personas, según la Fiscalía, la ex Ministra “se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari, quien fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades (en 1998 de “TELEMEC SRL Talleres de Electricidad y Mecánica, en 2005 INDUSTRIA CARMA SRL)”.
“Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira”, se insistió.
Siguiendo con el repaso de lo sucedió, se recordó que “en 2010 Jaquelina Rodera y Mara Lorena Rodera constituyen Devorebuenosayres Com SRL, cuyo objeto era la explotación de un hostel y residencia estudiantil”, en Guatemala al 4.168 de la Capital Federal.
En este sentido, “al consultar el NOSIS, sitio que registra información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, es precisamente Guatemala al 4.168, de la Ciudad de Buenos Aires”.
Según la Fiscalía, lo expuesto “explica su designación (de Reto) como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera”.
“A esta altura, no podemos dejar de mencionar, que como común denominador es que las personas de Jaquelina y Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, tiene domicilio en Buenos Aires”, continúa el extenso documento de la Fiscalía, que señala que de ellos solo Jaquelina reside en la provincia pero “de manera esporádica” y lo hace en el domicilio de Torres Otarola, en Playa Unión.
“En el otro grupo de la planta política nombrada por Torres Otarola, debemos mencionar a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministra”, continua el documento.
En la presentación hecha ante la Oficina Judicial de Rawson se detalla también que Facundo Andrés Jofre ocupa el cargo de Director General, siendo oriundo de Dolavon y a quien se le atribuyen vínculos con Matamala.
Según los registros bancarios, Jofre “el 7 de mayo de 2020, realiza una transferencia dineraria de $ 75 mil Matamala. A su vez, según los informes del Banco de Chubut, Matamala, le realizó transferencias a Cañumil los días 24 de abril por un monto de $ 87.816 y el 7 de mayo por un monto de $ 84.216”.
Por su parte, “Cañumil le hizo una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el 27 de abril, por un monto de $ 100 mil. Asimismo, el 4 de mayo Cañumil le hace otra transferencia a Otarola, a la cuenta sueldo, por un monto de $ 78.656. Además, el 8 de junio, Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por $ 50 mil y nuevamente a Otarola por un monto de $ 100 mil el 8 de junio de 2020”.
En esta misma dirección, “Cañumil, el 10 de mayo del año pasado ya había efectuado transferencias a Macayo Marcelo por $ 21.467 en concepto de pago de cuotas a un Instituto de Ingles de una obligación que tenía Otarola con dicho instituto”.
En el escrito también se detallaron trasferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela, pareja de Silvana Cañumil, y Torres Otarola. “En febrero y marzo Otarola transfiere a Valenzuela montos de 10.000 y 15.000 pesos respectivamente”, señalaron.
En este contexto, se desatacó que entre 2016 y 2020, “Cañumil le realizó transferencias bancarias a Torres Otarola por un monto superior 1,5 millones de pesos. Por su parte, Miguel Reto, el 3 de junio de este 2020 realizó una extracción de $ 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Cañumil, en la misma fecha”.
Otro de los hechos explicados en el documento, está relacionado con una persona identificada como “M.N.F.” quien ocupa un cargo de Directora en el Ministerio que conducía Torres Otarola.
Según la fiscalía, “se trata de la hija de Sandra Jaramillo, quien prestó servicios de empleada doméstica en la casa de Otarola desde mediados de 2019 hasta enero de este 2020”, y de acuerdo a lo señalado “Otarola, ya como Ministra, ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo”.
Para ello “le pidió que le mande foto por WhatsApp del DNI de su hija. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada en el cargo”. Dicha persona “solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más”.
“Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Otarola, significó que la mujer le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio”, se detalló por parte de la Fiscalía.
A todo esto, se relató que “al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo a su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada, y que el sueldo sería de $ 20.000, sin tener conocimiento la mujer que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de $ 43.558 –situación qué- pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria”, remarcó el documento.
Esta teoría, “cobra fuerza al analizar la documentación de la cuenta sueldo de M.N.F., donde se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo”.
“Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, donde prácticamente no concurrió”, se enfatizó.
Por otra parte, también se explicó respecto a Patricia Antonio, quien ocupa un cargo de Directora General, que la misma es madre de Alberto Gilardino, ex ministro coordinador de Gabinete en la tercera gestión del extinto gobernador Mario Das Neves.
Para los investigadores, “la Motivación de la designación de la mujer en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción”.
“La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo”, sostiene la presentación.
Además, “del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en junio de 2020, le efectuó transferencias bancarias al CUIL perteneciente a su hijo por un total de $ 187.200, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora”.
Para la Fiscalía, “los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el Poder Estatal”.
En ese contexto, Torres Otarola “no tuvo ningún inconveniente”, según la presentación, para “engañar al Gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”.
“La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación”, sentenció la Fiscalía en la presentación formal.
“Los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria”, se señala.
La mayoría de estas personas, “ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, retornaban parte del mismo a Otarola a través de transferencias o depósitos, dirigidos a Cañumil y en algunas ocasiones a Matamala”, concluye la presentación, señalando que “el contenido de la conducta final emprendida, no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos”.
Allanamientos por la causa que involucra a la ex ministra Torres Otarola
Fuente: Ministerio Público Fiscal
