El proyecto de ley que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objetivo es el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones, recibió dictamen hoy en una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y quedó listo para ser debatido en la próxima sesión.
Las firmas fueron aportadas por los integrantes del Frente de Todos (FdT), en tanto desde Juntos por el Cambio (JxC) consideraron que debería consultarse con el ministro de Economía, Martín Guzmán, al cuestionar el costo fiscal que supondría un costo extra de casi 200 mil millones de pesos hasta fines de 2023.
El proyecto fue presentado a principios de mayo y luego discutido en reuniones de asesores. De hecho, la de hoy fue la única reunión de la Comisión que preside la oficialista bonaerense Juliana Di Tullio sobre este tema.
El proyecto crea el Plan de Pago de Deuda Previsional para que unas 800 mil personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse.
El texto indica que el plan se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.
Además, los períodos a incluir en el Plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.
En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período.
Para acceder a esa Unidad de Pago, será necesario que cumplan con la edad jubilatoria o la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.
Antes de pasar a la firma el proyecto, Di Tullio reclamó urgencia en el tratamiento del asunto, que debe ir luego a la Cámara de Diputados, «por la caducidad de la moratoria».
«Hay una necesidad que es urgente: 800 mil personas necesitan jubilarse porque esta moratoria de 2014 se vence en poco tiempo», aseguró.
Además, afirmó que «el costo fiscal» de la medida «es del 0,02 por ciento del PBI para este año, unos 12.460 millones de pesos; y del 0,3 por ciento del PBI para el año próximo, alrededor de 184.844 millones de pesos».
Los números aportados por Di Tullio fueron cuestionados por la vicepresidenta de la Comisión, la cordobesa de JxC Carmen Álvarez Rivero, quien aseveró que «es una suma importante de déficit acerca de la cual el ministro Guzmán tiene que acusar un impacto».
Su compañera de bancada por la Ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri pidió que el proyecto también sea discutido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que el ministro de Economía se haga presente en una próxima reunión «para que nos diga cuánto impacta este 0,02 y este 0,3% del PBI en el acuerdo con el Fondo».
Sin embargo, Di Tullio cortó cualquier posibilidad de una presentación de Guzmán ante los legisladores al enfatizar que «la presidenta del Senado (Cristina Fernández de Kirchner) tiene la facultad de dar los giros de los proyectos y este es el único giro que tiene: no va a ir a Presupuesto».
No obstante, la porteña Tagliaferri también argumentó en contra del proyecto cuestionando que «el sistema previsional hoy no es justo, ni solidario, ni sustentable, ni sostenible y dentro de unos años nadie se va a poder jubilar».
«No es justo que aquel que nunca aportó tenga una jubilación y tampoco es justo que aquel que aportó quince años tampoco tenga esos quince años en consideración», advirtió.
Por el contrario, una de las impulsoras de la iniciativa, la mendocina oficialista Anabel Fernández Sagasti, resaltó «la voluntad del Frente de Todos de emitir dictamen» y defendió que «se dio suficiente discusión en la comisión a nivel de asesores».
«Si no sacamos esta ley habrá un universo de 800 mil personas que no podrán jubilarse. Los números tienen que cerrar con la gente adentro. Este proyecto tiene que ver con la génesis del Frente de Todos», insistió.
En tanto, su compañero de bancada, el neuquino Oscar Parrilli, cuestionó la propuesta de la oposición de «pedir pases entre comisiones» porque «no se condice con la realidad».
Además, también desestimó las críticas acerca del costo fiscal de la medida al señalar que «el déficit fiscal no se corrige solamente bajando el gasto, también se corrige subiendo los impuestos».
«En los cuatro años del gobierno anterior se bajaron los impuestos a los ricos y se les subieron a los pobres. Por eso, solicito que se ponga el dictamen a la firma tal y como fue presentado originalmente», sentenció Parrilli.
