El expresidente estadounidense Donald Trump presentó una demanda judicial para impedir la divulgación de registros hechos por la Casa Blanca durante su Gobierno sobre el ataque de sus seguidores al Capitolio del 6 de enero para impedir la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.
Según documentos judiciales hechos públicos anoche, Trump quiere impedir que esos documentos lleguen a manos de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque, que dejó decenas de policías heridos, puso en fuga a legisladores e interrumpió el proceso de certificación.
Uno de los argumentos que Trump utiliza para invocar el secreto es que hacer públicos esos documentos podría poner en peligro la seguridad de Estados Unidos y la división de poderes, informó la agencia de noticias AFP.
La impugnación probablemente desatará un prolongado enfrentamiento de alto nivel en los tribunales que pondrá a prueba la autoridad constitucional del Congreso para investigar al Ejecutivo.
Según el texto presentado por Trump, la investigación es «una estratagema política para satisfacer a sus aliados del partido», aludiendo al presidente Biden, quien «se ha negado a ejercer el privilegio ejecutivo» que tiene, como presidente, de bloquear la divulgación de los registros.
El privilegio ejecutivo es es una prerrogativa del presidente a mantener la confidencialidad de algunos datos.
El exmandatario insiste en que lo único que busca el comisión con el requerimiento de publicación de esos papeles es acosarlo a él y a quienes trabajaron en su Gobierno.
Miles de seguidores de Trump tomaron por asalto el Capitolio hace nueve meses en un intento por revertir la victoria electoral del presidente Biden.
Fueron alentados por Trump, quien más temprano había dado un encendido discurso sobre un supuesto fraude eleccionario.
Los investigadores del Congreso buscan testimonios de funcionarios que puedan explicar qué tanto sabía Trump -quien considera la posibilidad de volver a postularse para un segundo mandato en 2024- del ataque antes de que ocurriera, y qué hizo mientras tuvo lugar.
Desde finales de agosto, los Archivos Nacionales ha estado enviando a Biden y Trump voluminosos registros requeridos por los investigadores, dándoles 30 días para revisar el material.
La Corte Suprema dictaminó que el presidente puede mantener algunos documentos y conversaciones confidenciales para permitir conversaciones más sinceras con sus ayudantes. Pero ningún tribunal se pronunció sobre si el privilegio se extiende a los expresidentes.
Por ahora Biden tiene la última palabra y permitió que se libere un primer lote de documentos pese a las objeciones de Trump.
La demanda pide a un juez federal declarar inválido cualquier pedido del comité legislativo e impedir a los Archivos Nacionales entregar más material.
