Desde 2004 hasta marzo de 2026, el máximo tribunal consolidó un rol clave en la reapertura de juicios y la construcción de memoria, verdad y justicia en Argentina.
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En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirma su papel central en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Según datos oficiales, el tribunal dictó un total de 1.907 sentencias entre 2004 y el 17 de marzo de 2026 vinculadas a estos delitos.
Uno de los hitos más relevantes en este proceso fue el fallo “Simón” de 2005, mediante el cual el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, permitiendo la reanudación de los juicios a represores. Esta decisión marcó un antes y un después en la política de derechos humanos del país.
Previamente, en 2004, el fallo “Arancibia Clavel” estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, mientras que en 2007, en la causa “Mazzeo”, la Corte declaró inválidos los indultos concedidos a militares. Estos precedentes consolidaron un marco jurídico que posibilitó avanzar en el juzgamiento de responsables del terrorismo de Estado.
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De acuerdo con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con un saldo de 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Actualmente, permanecen en curso 12 juicios y otras 282 causas continúan en etapa de investigación preliminar.
En ese contexto, el tribunal también rindió homenaje en 2025 a los jueces del histórico Juicio a las Juntas, considerado un hito mundial en materia de justicia transicional. Durante ese reconocimiento, el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, destacó la importancia de haber llevado adelante un proceso “justo” en un escenario complejo, mientras que Carlos Rosenkrantz lo calificó como una respuesta “jurídicamente impecable” frente a crímenes atroces.
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Por su parte, el magistrado Ricardo Lorenzetti subrayó que la política de memoria, verdad y justicia forma parte del contrato social argentino, reforzando el compromiso institucional con los derechos humanos.
A medio siglo del inicio de la dictadura, los fallos de la Corte Suprema continúan siendo un pilar fundamental para garantizar justicia, consolidar la memoria colectiva y evitar la repetición de los crímenes más graves de la historia reciente del país.
Fuente y foto: Noticias Argentinas
