Foto de archivo.
El abogado de la familia paterna, Roberto Castillo, aseguró que cuentan con elementos suficientes para sostener esa teoría.
A un mes del crimen de Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia, la causa judicial sumó nuevas definiciones que reconfiguran el eje de la investigación. La querella sostiene ahora que la madre del niño habría tenido un rol directo en el homicidio, una hipótesis que busca desplazar la figura inicial de “acción por omisión” hacia una imputación más grave.
El abogado de la familia paterna, Roberto Castillo, aseguró que cuentan con elementos suficientes para sostener esa teoría. “La Fiscalía está trabajando de una manera muy comprometida con el caso y nosotros estamos aportando nuestra mirada respecto de la acusación”, afirmó, al tiempo que remarcó que existen pruebas que evidencian conductas violentas previas hacia el menor.
En ese sentido, el letrado fue contundente al plantear la postura de la querella: “No es que ella simplemente no intercedió para protegerlo, sino que le propinaba golpes. Nuestra teoría del caso es que ella lo asesinó”. Según explicó, los testimonios recolectados describen un patrón de violencia sostenido en el tiempo, tanto con Ángel como con otros niños de su entorno familiar.
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Castillo también cuestionó el accionar previo de la Justicia en torno a la protección del menor. “La Justicia actuó mal por todos lados, por donde lo mires”, sostuvo, y apuntó a decisiones que, según indicó, desarraigaron al niño de su entorno seguro sin una evaluación adecuada de su situación. Además, remarcó la importancia de una “escucha activa” en los juzgados de familia para evitar este tipo de desenlaces.
La causa continúa avanzando con la recolección de testimonios y pericias que serán claves para determinar responsabilidades. Desde la querella adelantaron que insistirán en que se modifique la calificación legal del caso, con el objetivo de que la acusación contemple la participación directa de la madre en el hecho.
Finalmente, el abogado confirmó que presentará acciones contra funcionarios judiciales. Precisó que la denuncia contra el juez y la defensora de menores será elevada ante el Consejo de la Magistratura, mientras que en el caso de las psicólogas se avanzará con una denuncia penal por presunto incumplimiento de deberes. Además, indicó que una de ellas habría incurrido en el delito de falsedad ideológica, al firmar documentos que no coincidían con la realidad de la situación del menor.
