“Más allá de que la cuestión es litigiosa, sensible y especialmente compleja, no se puede concluir de modo alguno a quién pertenece el espacio que está en disputa hoy”, señaló el magistrado al fundamentar su fallo.
Asimismo, manifestó que hay un proceso civil abierto en el cual se definirá la posesión de las tierras en cuestión.
Al final de la lectura de la sentencia, la abogada que representa a la comunicad, Micaela Gomiz, expresó a la prensa que “es absolutamente valorable que un fallo dé muchísimos argumentos jurídicos que toman el derecho indígena tanto constitucional y convencional, tanto a nivel nacional e internacional”.
“El juez ha sostenido que no se pudo comprobar un dolo necesario para el delito de la usurpación, la comunidad actuó absolutamente convencida de que es dueña del territorio, que posee ese territorio de manera tradicional, de manera comunitaria como una posesión indígena”, explicó Gomiz.
Además, señaló que “el Poder Ejecutivo tiene que llevar adelante el relevamiento de la ley 26.160, para dar certeza jurídica de cuál es la ocupación que tiene la comunidad Campo Maripe, porque la absolución de hoy no va a resolver el conflicto de fondo de quién es la tierra y de cómo se resuelven los conflictos sociales que impone la explotación de no convencionales en nuestra provincia”.
El litigio se inició como consecuencia de una denuncia que presentaron Pablo y Gilberto Vela, quienes acusaron a los Campo Maripe de ocupar ilegalmente las tierras de su propiedad, ubicadas sobre la ruta provincial 17, kilómetro 154 de Añelo, mientras que la comunidad exigía el reconocimiento de sus derechos territoriales.
En tanto, Juan Coto, representante legal de los denunciantes, anticipó que apelará el fallo.
