La Fiscalía General de Rumania acusó de crímenes de lesa humanidad al exmandatario Ion Iliescu y al ex primer ministro Petre Roman. La causa se basa en la violenta represión de las protestas de junio de 1990 contra el Gobierno que sucedió a la dictadura comunista.
Junto a Iliescu y Roman, también fueron imputados Virgil Măgureanu, exjefe de los servicios de inteligencia, y Miron Cozma, líder sindical de los mineros. Según la Fiscalía, durante la represión murieron cuatro personas, dos fueron violadas, más de 1.300 resultaron heridas y 1.200 manifestantes fueron arrestados.
Los hechos ocurrieron el 13 de junio de 1990, meses después de la caída de Nicolae Ceausescu. Las autoridades convocaron a miles de mineros a Bucarest para reprimir el movimiento opositor al Gobierno de Iliescu, en lo que se denominó la «mineriada».
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Las protestas habían comenzado en abril de 1990 en la Plaza de la Universidad de Bucarest. Los manifestantes criticaban a Iliescu por romper su promesa de no presentarse a elecciones y por perpetuarse en el poder.
Pese a las dudas sobre la legitimidad de las elecciones de mayo de 1990, Iliescu y el Frente de Salvación Nacional lograron una victoria contundente. La Fiscalía sostiene que los acusados «lanzaron un ataque contra los manifestantes» y buscaron «enmascarar la acción represiva».
Iliescu ya había sido acusado anteriormente por estos hechos, pero el proceso fue suspendido en 2020. Ahora, el Tribunal Superior de Casación ordenó reiniciar la investigación desde cero.
Fuente: DW.
Imagen: Xinhua/IMAGO.
