La entidad que preside Claudio Tapia rechazó la medida impulsada por la Inspección General de Justicia por supuestas “graves irregularidades” y aseguró que se trata de un ataque a la autonomía del fútbol argentino con el objetivo de imponer las SAD.
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La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este jueves que recurrirá a la Justicia para evitar la designación de veedores solicitada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que argumentó la existencia de “graves irregularidades” en los procesos administrativos de la entidad. Desde la conducción encabezada por Claudio Tapia calificaron la medida como “ilegítima” y con una “finalidad política ajena a la ley”.
En un extenso comunicado, la AFA sostuvo que la intervención de funcionarios externos constituye un “ataque directo a la autonomía del fútbol argentino” y cuestionó la contradicción de la IGJ al hablar de irregularidades millonarias sin aplicar sanciones formales. “Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho”, planteó la entidad, que negó la existencia de balances impagos y aseguró que los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados en tiempo y forma.
Uno de los ejes del conflicto es la mudanza del domicilio legal a Pilar, en la Provincia de Buenos Aires. Mientras la IGJ calificó la sede como “falsa” por no contar con oficinas administrativas en el predio, la AFA respondió que el cambio fue aprobado por la autoridad provincial competente y que la inscripción se encuentra vigente. La institución además explicó que el ejercicio 2025 no fue presentado ante la IGJ porque desde noviembre de 2024 su jurisdicción corresponde a la provincia y no a la órbita nacional.
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En su defensa, la AFA citó el antecedente del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), vinculado a Patricia Bullrich, cuya intervención por parte de la IGJ fue anulada judicialmente por supuestas fallas en el debido proceso. Según la conducción del fútbol argentino, el mecanismo aplicado ahora replica esa metodología y también debería ser desestimado por los tribunales.
En el trasfondo de la disputa aparece la discusión sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo promovido desde sectores del Gobierno nacional. La AFA advirtió que la avanzada administrativa busca debilitar la estructura de asociación civil que rige a los clubes y forzar un cambio en el esquema institucional del fútbol argentino. “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública”, señaló el comunicado.
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La estrategia judicial anticipada incluye presentaciones ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un mensaje final dirigido a clubes e hinchas, la AFA reafirmó que defenderá su autonomía “por todas las vías judiciales y democráticas” y rechazó cualquier intento de convertir a las instituciones deportivas en sociedades comerciales.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino, con derivaciones políticas, jurídicas y económicas que podrían impactar de lleno en el futuro institucional de los clubes.
Fuente: TN
Foto: Archivo
