El Estado nacional tiene previsto para el trimestre abril-junio un paquete de asistencia económica que alcanzará el 5,6% del PBI, y un monto estimado entre gasto fiscal y facilidades financieras de unos 1,7 billones de pesos, en el marco del aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus.
Así se desprende de un informe elaborado por el Ministerio de Economía al que accedió Télam, y que realiza una puesta al día en montos y términos porcentuales en relación con el PBI de los paquetes, mediante un grupo de medidas fiscales de políticas de emergencia y otro de recursos crediticios vinculados a la financiación de sectores productivos.
La actualización de cifras también destaca que si se incorpora al análisis el alcance del sistema de seguridad social, se debería sumar el 0,7% del PIB que actualmente dedica la Argentina por mes por ese concepto, y que en el conjunto del trimestre abril-junio, significaría un total de 7,7% del producto.
Los nuevos números dados a conocer por el gobierno ponen al día, en términos porcentuales en relación con el PBI, las medidas adoptadas a partir del 20 de marzo pasado, cuando se puso en marcha el aislamiento social preventivo con el objetivo de morigerar el avance del coronavirus y preservar la salud de la población.
Básicamente, el informe del Palacio de Hacienda explicita cotas más altas que las que trascendieron durante las últimas semanas desde distintos sectores respecto al volumen de la asistencia dispuesta para las empresas, entre otros sectores.
En el primer grupo de las medidas de coyuntura ya anunciadas por el Gobierno se contemplan programas puntuales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o bonos extraordinarios, que tienen hasta ahora una frecuencia mensual e insume cerca de $350 mil millones, lo que equivale a casi 1,2% del PIB.
Como este valor es mensual, en caso de repetirse estos programas por tres meses más, se estaría alcanzando un valor cercano a los $ 1,05 billones, o sea, 3,5% del PIB.
El segundo paquete de medidas está vinculado a la financiación de créditos productivos orientados a empresas y sectores afectados por la emergencia, mediante aportes del Tesoro que se destinan para financiar líneas de créditos a tasas subsidiadas o programas de garantías.
Estas facilidades tienen un devengamiento de mediano plazo ya que duran mientras estos instrumentos estén activos, como los préstamos a tasa fija del 24% para el pago de salarios, los créditos BICE y el respaldo del Fondo de Garantías (Fogar).
Este esquema representa una masa monetaria a devengar en los próximos meses de cerca de $640 mil millones, es decir, 2,1% del PIB.
Así, el total de dinero inyectado a la economía a través de políticas de ingresos, fomento, créditos y facilidades financieras asciende a abril, a 3,3% del PIB (1,2%+2,1%), lo que representa una masa monetaria de casi $ 1.000 millones que se volcarán a la economía.
Se estima, en consecuencia, que entre abril y junio el Estado habrá destinado cerca de $1,7 billones en el paquete de medidas para combatir los efectos económicos del coronavirus, lo que significa cerca de 5,6% del PIB que se estará poniendo a disposición de la población y sectores de la economía.
En la comparación internacional, «el tamaño del paquete fiscal de Argentina es similar al de países como Alemania y Reino Unido, y superior al de Brasil, China, Corea, Italia, España y Francia», se resaltó en el documento.
Además, se tiene en cuenta que la Argentina ya cuenta con una red de seguridad social extensa, que otros países no tienen, que abarca amplios sectores de la población y constituye una base de protección que permite paliar aún más la situación en el marco de la pandemia.
En esta línea, actualmente la Argentina dedica 0,7% del PIB por mes, unos 211 mil millones, a garantizar un piso de seguridad social a través de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo (AUH-AUE), asignaciones familiares a empleados registrados, jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas y a Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Si se tomara en consideración el paquete fiscal de políticas de emergencia, el programa de facilidades financieras y el piso de seguridad social garantizado, el gobierno estima que se estaría alcanzando un 4% del PIB.
Si, además, el paquete fiscal de medidas se extendiera algunos meses, ese 4% podría ascender a más del 7,7% del PIB.
En ese sentido, se destacó que la amplia infraestructura hospitalaria y del sistema de salud en general es «una de las materias en la cual se destaca el país y que no se computan como ayudas extraordinarias, que podrían temporalmente sumar a una relación porcentual/PBI».
El trabajo del Palacio de Hacienda, por último, reseñó que el accionar del Estado se traduce en la implementación de un «paquete económico contracíclico de características y dimensiones excepcionales, en función de la situación recesiva por la que venía atravesando el país antes de la pandemia».
