“Habitualmente distribuimos las tareas por turnos como hacen muchas otras dependencias del Estado, y en ese marco fuimos informados el martes por la noche de un ataque violento contra una mujer y su hija, donde hubo una amenaza grave con un arma de fuego”, explicó Nápoli en diálogo con Radio 3.
“Esta denuncia fue recabada por personal policial que informó rápidamente al funcionario judicial de turno, requerimos a la División Investigaciones que se interiorice más sobre la cuestión, lo que arrojó como resultado el conocer cuál era el domicilio donde la persona se ocultaba y pernoctaba, lo que fue sindicado por la propia víctima del caso, la denunciante”, remarcó.
“Esto no solamente le daba sustento al pedido legal sino que le daba razonabilidad al allanamiento, que fue encabezado por la funcionaria de la Fiscalía, la doctora Julieta Gamarra, con mi aval e interiorizándome sobre los pormenores del caso”, señaló.
“Juzgo el procedimiento no sólo de carácter legal sino razonable, porque hablamos de un hecho grave, nosotros en denuncias de violencia de género tratamos de actuar rápidamente para que no se agrave la situación, por eso la urgencia de encontrar el arma de fuego, siempre se hace de ese modo”, aseveró el funcionario judicial.
“Este fue el origen del ingreso al domicilio de esas personas. Le pedimos a la jueza Tolomei que nos autorice día y horario inhábil porque el Código establece que los allanamientos deben hacerse en horarios diurnos, salvo urgencias como estas en la que requerimos que se hagan en un horario diferente. No podemos esperar que la situación se agrave o que la amenaza de acabar con la vida de una persona se cumpla cuando todos sabemos el aumento que han tenido los casos de femicidio en el país”, justificó.
“Fue la víctima que le indicó al personal policial donde podría estar la persona que la agredió, nosotros creemos en las víctimas, y acompañamos el pedido y sobre todo la necesidad de resguardar su integridad psicofísica y la de su entorno”, insistió Nápoli.
“Y el no pedido de detención es porque a esa hora de la noche, con la urgencia con la que se trabaja, principalmente lo que se trataba era evitar que el delito aumente en términos de violencia, y justamente lo primero es secuestrando el arma de fuego que pudo haber sido utilizada”, fundamentó.
“Pero además es necesario, para pedir la detención de la persona, tener acreditados determinados extremos legales, circunstancias que nos exige la ley, por ejemplo un alto grado de probabilidad de la autoría del delito, más el cumplimiento de otros recaudados como el peligro de fuga o entorpecimiento. Uno no puede solicitar la detención con la sola denuncia, a eso hay que agregarles otras evidencias”, sostuvo.
“Nosotros recibimos la denuncia a las 10 y media de la noche y a la 1 de la madrugada estábamos allanando un domicilio, no se puede evaluar en ese interregno de tiempo si es legal o no una detención, lo primero que hicimos fue ver si encontrábamos el arma. Si la hubiéramos encontrado, cosa que resultó negativo como ocurre la mayoría de las veces, hubiéramos tenido más argumentos para solicitar la detención. Pero se actuó de legal forma, con la mesura y el profesionalismo, lo que fue controlado por una jueza de Garantías”, refrendó Nápoli.
Cuando se señaló que el domicilio allanado era el del hombre que había iniciado una causa contra la policía por abuso policial, y que no estaba relacionado con la denuncia de violencia de género, el fiscal enfatizó que “eso queda en el campo de las dudas y las suspicacias, no me voy a poner a analizar eso cuando tengo a la vista el informe de la policía, la denuncia de la víctima y la gravedad del caso”.
“Me siento perseguido por la policía”, dijo Gabriel Fredes en contacto con el programa “Mejor de Noche” que se emite por Canal 9 de Buenos Aires.
“De ninguna manera me podía quedar de brazos cruzados, imagínese si hubiera aumentado la gravedad del delito, si hubiéramos tenido una mujer como víctima de un homicidio, lo que sería hoy”, se defendió Nápoli.
“Si revisamos los informes de la Policía, los reportes fotográficos, el testigo de actuación correspondiente, podrá verse perfectamente que no hubo exceso de ningún modo, que la seguridad al momento de entrar fue la lógica, que una vez que se aseguró el lugar ingresó personal de la Comisaría de la Mujer que requisó el domicilio, toda la suspicacia de que era una persona que hizo una denuncia contra la policía queda en el campo totalmente subjetivo, pero no se corresponde con las constancias legales que nosotros tenemos”, descartó.
“Somos bastantes avezados en que no haya excesos de la fuerza policial, de hecho en la Provincia hubo causas emblemáticas que han tenido sus condenas, pero en este caso particular no hubo nada extraño”, agregó.
“Sabemos que la señora manifestó que le faltó dinero, será materia de investigación si esto ocurrió, de ningún modo se dejará en meros dichos, habrá que investigarlo y no voy a ser yo, porque soy quien investiga la otra situación conflictiva”, aclaró Napoli.
“No se puede dejar sujeta la cuestión al resultado del allanamiento, más de la mitad de las veces las diligencias dan negativo y no por eso hay que dejar de hacerlas”, dijo en tono molesto.
“Seguiremos investigando la situación conflictiva, si realmente el acusado desplegó esa conducta, si la amenaza tuvo la identidad que manifestó la víctima, si podría volver a reiterarse”, indicó sobre la denuncia de violencia de género.
“Hay dictada una prohibición de acercamiento, pero además contactos de todo tipo, llamadas, mensajes y de interpósitas personas. Estas medidas de seguridad hacia la víctima fueron tomadas de forma instantánea”, destacó.
EL JUICIO DE LA CAUSA REVELACIÓN, RETRASADO
«Estoy en permanente contacto con la directora de la Oficina Judicial, la doctora (Karina) Breckle, y lo cierto es que hasta no se puede habilitar determinados rubros de servicios e infraestructura como son los vuelos y los hoteles, va a ser complicado, hay jueces y testigos de otras jurisdicciones que tienen que venir», admitó Napoli sobre la causa Revelación.
«Sé que se han establecido debates de juicios de mis compañeros, y veremos si pueden realizarse, con que protocolos, estamos dispuestos a ser todo lo que sea posible para llevar adelante el juicio, cuanto antes», remarcó.
«La video conferencia podría ser una alternativa, pero para determinados momentos del juicio, pero no en su totalidad. Cuando uno tiene que interrogar a un testigo de un debate oral y público, no sólo necesita hacerlo de modo amplio, sino darle a la contraparte la posibilidad de contrarestar los argumentos, observar su semblante y su gesticulación. Esto no sólo tiene impacto en la credibilidad del testimonio sino en el resultado final del proceso», fundamentó.
«Yo tengo testigos que apoyarían la tesis del Ministerio Público que es necesario que se sienten frente al tribunal y cuenten sus experiencias», señaló el fiscal.
«La fecha original era agosto, todavía no hemos llegado, pero no se podrá realizar en esos tiempos. Lo que más me preocupa esto que pase tanto el tiempo para juzgar situaciones históricas, cuanto más pasa, la verdad más huye, y más difícil es generar la sensación de que se ha hecho justicia, y también tiene que ver con la incertidumbre de los imputados de que se resuelva su situación de una vez por todas», sentenció.
