El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn ordenó allanamientos en domicilios vinculados con el ex presidente del Instituto de Asistencia Social Lotería del Chubut, Alberto Vargas, que ya estuvo procesado por supuesto manejos fraudulentos en esa gestión, aunque luego sobreseído por la Justicia, a quien ahora lo acusan de «tráfico de influencias».
La causa, en la que también está imputada Marcela Montero, se inició con la denuncia de un empresario que afirmó que le solicitaron 300 mil dólares para aprobarle la obra de un hotel en Puerto Pirámides.
El proceso comenzó en septiembre del año pasado, luego que un empresario oriundo de Buenos Aires efectuara la denuncia penal “por el pedido de dinero para lograr la aprobación de un final de obra para un hotel que está construyendo en la villa balnearia”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
El joven empresario, radicado en la zona, sostuvo que una mujer se contactó con él y le dijo que tenía vínculos en el ámbito político. Y que podía interceder para obtener la aprobación a cambio de la suma inicial de 50 mil dólares, según informaron desde la Fiscalía.
“La mujer le dijo que ella se encontraba vinculada al ámbito político y que estaba trabajando para solucionar su inconveniente junto a Alberto Vargas, a través de la relación que tenía tanto con el intendente (Javier Roldán) como con los concejales de Puerto Pirámides. Y que iba a poder influir sobre dichos funcionarios para de esta forma obtener la aprobación final de obra”.
“Según la denuncia, finalmente le pidieron 300 mil dólares ya que para obtener la aprobación pretendida era necesario modificar la ordenanza “comprando el consentimiento” de por lo menos cuatro concejales de esa localidad”, expresó el fiscal Daniel Báez.
Según consta en el expediente, “la mujer se reunió junto con Vargas en el local partidario, a fin de pergeñar el mecanismo por medio del cual se iba a obtener el acuerdo legislativo que permitiese modificar la ordenanza que impedía obtener la aprobación final de obra del hotel, como así también acordar de que forma se iba a dividir el dinero que, supuestamente, iban a percibir”.
El empresario, que ya había realizado la denuncia, mantuvo una reunión con la mujer y Vargas en un restó de Puerto Madryn, donde el ex funcionario provincial le dijo que “la gestión para obtener el certificado final de obra la iba realizar un letrado de esta ciudad y que no iba a tener problemas porque contaba con el consentimiento de los concejales justicialistas de Puerto Pirámides, que responden a los intereses políticos del actual intendente Javier Roldán”.
Los procedimientos se realizaron el mediodía del viernes y estuvieron a cargo del comisario Cristian Vázquez Sepúlveda, jefe de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn.
La Fiscalía solicitará la apertura formal de la investigación para formular las imputaciones de “tráfico de influencias” para Alberto Vargas como autor y para la mujer como partícipe.
El delito está previsto en el artículo 256 bis del Código Penal y establece que “será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por interpósita persona, solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público”.
