“Se realizó un allanamiento para secuestrar un teléfono, un CPU y documentación vinculada a la minería. Habrá que ver si esta documentación está relacionada directamente o es simplemente por su labor de abogado”, explicó el fiscal Omar Rodríguez, quien sostuvo que el allanamiento se llevó a cabo “para evitar que se pierdan evidencias. Lo más urgente era hacerme del teléfono de la persona sindicada para extraer la información que pueda contener. Si resulta que tiene vinculación con esta hipótesis, la causa va a avanzar”.
Rodríguez explicó: “A partir de la declaración por escrito de la diputada, yo tomé otras declaraciones, sumado a elementos indiciarios que valoré, todo esto generó un cuadro indiciario para solicitar esta medida, que no tiene más que ver que profundizar esta hipótesis”.
“Voy a seguir tomando declaraciones testimoniales”, adelantó el fiscal y sostuvo que “en pocos días vamos a disponer que se lleva adelante la pericia en el teléfono celular y el CPU para determinar si existen datos vinculados a la causa en esos soportes”.
“La evidencia va a dar robustez o no a esta hipótesis inicial a partir de esta notitia criminis, donde pone en conocimiento de un posible delito. Lo cierto es que hay un total de 14 diputados que se presentaron para vindicarse, que es ponerse a disposición para ser investigados. A partir de allí yo puedo tomar medidas sobre esas personas que se sienten sospechadas”, sostuvo.
El delito de tráfico de influencias es cuando “una persona le paga a otra para que ejerza influencia sobre un funcionario para que haga o deje de hacer algo”, aclaró el fiscal y, a modo de ejemplo, sostuvo que “de corroborarse, en el marco de la hipótesis, que hubo diputados que cobraron estamos en presencia de un “cohecho”, es decir, cuando alguien cobra dinero para hacer o dejar de hacer, en este caso, sería para votar”.
