Documentos judiciales revelaron que la empresa detrás del chatbot Claude compró cientos de miles de libros usados, los desarmó y digitalizó su contenido para alimentar sus modelos de IA. El procedimiento reavivó el debate sobre derechos de autor y los límites éticos del desarrollo tecnológico.
Una serie de documentos desclasificados expuso detalles de una estrategia utilizada por la empresa Anthropic para mejorar el rendimiento de su modelo Claude. Según la información surgida en una causa judicial, la compañía implementó un programa interno destinado a adquirir grandes cantidades de libros físicos, escanearlos y convertirlos en datos aptos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.
La iniciativa, conocida internamente como “Proyecto Panamá”, consistía en comprar ejemplares de segunda mano a librerías y distribuidores especializados. Posteriormente, los volúmenes eran sometidos a un proceso industrial de corte que permitía separar sus páginas para ser digitalizadas mediante escáneres de alta velocidad. Una vez completada la tarea, los restos de los libros eran enviados a reciclaje.
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La revelación surgió en el marco de una demanda colectiva relacionada con presuntas infracciones a los derechos de autor. Los documentos incorporados al expediente indican que la empresa buscaba acceder a textos de alta calidad para perfeccionar la capacidad de redacción de sus algoritmos, alejándose de contenidos obtenidos exclusivamente de internet.
La controversia también alcanzó a las prácticas anteriores de la compañía. Registros judiciales señalaron que algunos de sus directivos habrían descargado bibliotecas digitales provenientes de plataformas cuestionadas por distribuir material protegido sin autorización. Este aspecto se convirtió en uno de los puntos centrales de la disputa legal que derivó en un acuerdo millonario entre las partes.
El caso volvió a poner en discusión cómo las empresas tecnológicas obtienen los datos necesarios para desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados. Especialistas en propiedad intelectual sostienen que la expansión de estas herramientas obliga a redefinir los marcos regulatorios para equilibrar innovación, acceso al conocimiento y protección de los derechos de los autores.
Con información de WIRED.
