El gremio de trabajadores del INTA rechaza la reforma impulsada por el Gobierno y anuncia medidas de fuerza, amparos judiciales y presión política para frenar el decreto que, según denuncian, vacía al organismo y amenaza el desarrollo rural.
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La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) intensificará sus protestas contra el decreto presidencial que reforma el funcionamiento del INTA. Desde el gremio, que forma parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), alertan que la medida implica un grave retroceso institucional y pone en riesgo el rol estratégico del organismo en el desarrollo agropecuario y rural del país.
Entre las medidas anunciadas por Apinta se incluyen tomas simbólicas de edificios institucionales, la presentación de amparos judiciales y una campaña política a nivel federal para impedir la aplicación de la reforma. “Vamos a trazar bien la estrategia de presentar amparos y cuántos”, declaró Mario Romero, secretario general del sindicato, en diálogo con una radio porteña.
Según el gremio, el decreto elimina la autarquía financiera del INTA y transforma su consejo directivo en un órgano técnico sin capacidad de decisión. La conducción del instituto quedó en manos de Nicolás Bronzovich, ahora con rango de secretario de Estado, mientras que el control financiero fue transferido a la Secretaría de Agricultura y al Ministerio de Economía.
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Otro de los puntos críticos de la reforma es la reducción de la participación de las universidades públicas y el sector privado en la toma de decisiones. Además, el decreto exige aval ministerial para la creación de nuevas estaciones experimentales, una medida que limita la capacidad de respuesta territorial del INTA.
“Esto es la destrucción del INTA. Nos quieren reducir a un organismo pequeño, sin llegada al interior y orientado a importar soluciones en lugar de generarlas desde nuestro país”, denunció Romero. Según explicó, se pondrían en riesgo más de 300 unidades de extensión y hasta 1500 puestos de trabajo.
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Desde el Ejecutivo defendieron la reforma, argumentando que el organismo cuenta con más de 6000 empleados y un presupuesto de $229.000 millones, lo que justificaría su reorganización. También señalaron desvíos ideológicos y baja eficiencia como razones para implementar los cambios.
Apinta, por su parte, criticó la pasividad de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, a quienes acusó de no defender al INTA como lo han hecho en otras ocasiones, como en los conflictos por retenciones. “Este modelo no contempla a las economías regionales y está pensado exclusivamente para la región núcleo”, concluyó el dirigente gremial.
Fuente y foto: TN
