Cuatro exjefes de la Armada enfrentan cargos por estrago culposo y el deficiente mantenimiento de la nave que implosionó con sus 44 tripulantes.
Casi una década después de la tragedia que conmocionó al país, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos dio inicio este 4 de marzo al juicio oral contra cuatro exoficiales de alto rango de la Armada Argentina. Los imputados están señalados como los responsables jerárquicos del naufragio del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur, donde perdieron la vida los 44 tripulantes a bordo.
La acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) es contundente: sostiene que el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, junto a los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, permitieron que la nave zarpara en condiciones técnicas «deficientes». Según la instrucción, el submarino operaba con equipos degradados y había excedido en 26 meses el intervalo reglamentario de mantenimiento en dique seco, una omisión que elevó el riesgo de la misión de manera crítica.
Durante la primera audiencia, se leyó el requerimiento de elevación a juicio donde se detalló que el comandante de la nave, Pedro Fernández, había solicitado con carácter «imperioso» el ingreso a reparaciones apenas meses antes del hundimiento. La fiscalía argumenta que los acusados ignoraron estas alertas y los desperfectos técnicos previos, priorizando el cumplimiento de las órdenes de operaciones por encima de la seguridad de la tripulación y la integridad del patrimonio naval.
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El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini, deberá determinar la responsabilidad de los oficiales bajo las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La tesis fiscal indica que la implosión del 15 de noviembre de 2017 fue la consecuencia directa de un incendio previo en el tanque de baterías, originado por el ingreso de agua a través de un sistema de ventilación defectuoso.
En esta instancia, un equipo de fiscales liderado por Julio Zárate y Gastón Franco Pruzan, con el apoyo de la fiscalía de Caleta Olivia y la PIA, lleva adelante la acusación. No obstante, el inicio del debate no estuvo exento de tensiones procesales, ya que el MPF se encuentra apelando una restricción del tribunal que limita la participación del equipo completo de fiscales designados para este caso de alta complejidad.
Mientras se reconstruyen los hechos de aquella fatídica última navegación que partió desde Ushuaia, los familiares de las víctimas cuentan con el acompañamiento de la DOVIC. Este juicio representa para las querellas un paso fundamental en la búsqueda de justicia, intentando demostrar que la tragedia no fue un accidente imprevisible, sino el resultado de una cadena de negligencias en la cadena de mando de la fuerza.
