Este viernes, la querella principal, encabezada por Fernando Burlando (unificada con las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias) presentó una solicitud ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia para que 12 integrantes del Estado Nacional sean imputados en la “Tragedia Nacional” del ARA San Juan.
El juzgado, a cargo de la jueza Marta Yañez, es el que por jurisdicción lleva adelante la investigación.
Los letrados representan en forma mayoritaria a los familiares directos de los 44 tripulantes del submarino desaparecido en el Mar Argentino el 15 de noviembre de 2017 y el cual fue hallado por la empresa Ocean Infinity el 16 de noviembre de 2018.
Ahora, tras la imputación de tres jefes de la Armada, la querella solicitó que se impute por el delito de “homicidio con dolo eventual reiterado en 44 casos” y “por abandono de persona”, entre otros.
Se trata de 12 altos funcionarios del Estado nacional y las Fuerzas Armadas a los que se los considera como los “responsables de esas muertes”.
La imputación por homicidio alcanza al Ministro de Defensa, Oscar Aguad; al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur; al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, al capitán de navío Claudio Villamide, al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, al capitán de fragata Hugo Miguel Correa, al contraalmirante Eduardo Malchiodi y al capitán de navío Daniel Ernesto Iribarren.
En tanto, la solicitud de imputación por abandono de persona recae sobre el contraalmirante Osvaldo Vernazza y el capitán de corbeta Francisco Oleiro.
Finalmente, se solicita imputar por encubrimiento al almirante Gabriel González y por mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público al presidente Mauricio Macri, recordando como antecedente al ex jefe de Gobierno de la capital Federal Aníbal Ibarra por la Tragedia de Cromagñón.
Al respecto, la abogada Carreras remarcó “todos ellos, a sabiendas del estado del submarino, de la peligrosidad de navegar y operar en altamar en zonas con profundidades superiores a los 1000 metros (siendo que el submarino solo podía ir a inmersión hasta 100 metros), de la hostilidad y ataques de los buques ilegales, de la inferioridad de equipamiento naval frente a potencias extranjeras, especialmente del Reino Unido. Y a pesar de los antecedentes que los expusieron al límite en la navegación anterior, en julio de 2017, decidieron embarcarlos otra vez”.
La letrada subrayó que esto “fue enviarlos a la muerte. Eso fuera de los términos legales se dice asesinos”, sentenció.
Respecto al avance de la causa, repasó que “aún falta peritar las imágenes, pedir la intervención de Cancillería para citar al agregado de Defensa de Estados Unidos Michael Rayborn y mucho más”.
Como querella “estamos determinados a llegar a la verdad, contra viento y marea, contra operaciones mediáticas que siembran como causa el error humano”, señaló u subrayó: “No es una causa más. Murieron antes de tiempo 44 compatriotas. Es una CAUSA NACIONAL”, sentenció.
