La Dirección General Impositiva, bajo la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), profundiza la investigación contra la empresa de Pablo Otero por presunta evasión fiscal. El monto adeudado sigue en crecimiento.
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La Dirección General Impositiva (DGI), liderada por Andrés Vázquez, aceleró la investigación sobre Tabacalera Sarandí y su dueño, el empresario Pablo Otero, en el marco de un resonante caso de presunta evasión fiscal que alcanza cifras millonarias. Según fuentes cercanas al caso, el monto adeudado supera los $200.000 millones, acumulados entre marzo de 2018 y mediados de 2024. Esta cifra, ajustada a las cotizaciones promedio de esos años, equivale aproximadamente a USD 1.300 millones, aunque sigue en aumento por acumulación de intereses y medidas cautelares judiciales.
El caso se desarrolla en el contexto de la transformación de la ex AFIP, ahora integrada en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde el Gobierno destacan la relevancia de desenmascarar estas maniobras que, aseguran, representan una de las evasiones más grandes registradas en el país.
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Las maniobras investigadas incluyen elusión de impuestos internos y del IVA, así como incumplimientos relacionados con el régimen de retenciones. Según las fuentes, Tabacalera Sarandí habría aprovechado brechas legales y demoras administrativas para consolidar un esquema de evasión que alcanzó cifras exorbitantes.
«El monto en sí mismo es enorme, pero lo que realmente importa es detener estas prácticas y llevar a los responsables ante la justicia», expresó un vocero cercano al caso.
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La defensa de la tabacalera ha interpuesto una serie de amparos que han dilatado el avance del proceso judicial, permitiendo a la empresa operar mientras se evalúan las denuncias. Las autoridades sostienen que esta estrategia busca ganar tiempo y limitar las acciones de recaudación.
Sin embargo, desde la DGI aseguran que están trabajando con un equipo dedicado para sortear estas barreras legales. «El objetivo es garantizar que esta deuda no quede impune y que los responsables enfrenten las consecuencias», señalaron.
El caso de Tabacalera Sarandí se enmarca en la reestructuración de la ARCA, que busca fortalecer los controles fiscales y aduaneros. La agencia apunta a cerrar las brechas que permitieron casos como este y a reforzar la transparencia en las operaciones tributarias de grandes contribuyentes.
Fuente: Infobae
Foto: Ámbito Financiero
