Los países que integran el Grupo de Lima pidieron hoy que los hallazgos sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela provenientes de un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sirvan de prueba para la Corte Penal Internacional (CPI) en sus indagaciones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, que rechaza las imputaciones. El Gobierno de Argentina no suscribió a la declaración.
«Asimismo, que a la luz de los hallazgos de estas investigaciones, los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y testigos reciban la debida reparación y protección», pidieron en un comunicado Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
También reclamaron una investigación «a fondo» y urgente sobre las supuestas «conexiones» del Ejecutivo con el «crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando», según consignó la agencia de noticias ANSA.
El grupo de naciones renovó su respaldo al legislador opositor Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por el Congreso unicameral, y rechazó las elecciones de diciembre próximo convocadas por Caracas para elegir una nueva Asamblea Nacional.
Gobierno de Argentina
El Gobierno argentino aclaró que no suscribió al reclamo del Grupo de Lima y advirtió que no puede «admitirse una vía de acción» sobre ese país que pueda «generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe».
«El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha y Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Para la Cancillería, «en primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», en referencia a Juan Guaidó.
«La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global», sostuvo la cartera que encabeza Felipe Solá.
Indicó que «en este contexto, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la ‘restauración de la democracia y el Estado de Derecho'».
«Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe», añadió.
Respecto de Venezuela, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que «comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», Michelle Bachelet.
