Argentina adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una iniciativa internacional que promueve posiciones contrarias a la legalización del aborto. La incorporación se concretó el 10 de agosto, cuando el canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense Peter Lamelas firmaron el documento.
El Gobierno difundió la adhesión días después de la firma, mientras la iniciativa comenzó a generar repercusiones en el ámbito internacional. El Consenso de Ginebra es un instrumento no vinculante y su adhesión no implica que los países miembros deban actuar de manera coordinada en organismos internacionales.
La decisión se produjo luego de una serie de actividades organizadas en Buenos Aires por Political Network for Values (PNFV), una plataforma internacional de orientación ultraconservadora. El espacio realizó en julio encuentros vinculados con la defensa de la denominada “familia tradicional”, la natalidad y el rechazo a políticas como la educación sexual integral y el aborto legal.
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Las actividades contaron con la participación de funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza y el PRO. Uno de los encuentros se realizó en la Legislatura porteña y tuvo entre sus impulsores a legisladores oficialistas y representantes de otros sectores políticos.
La agenda generó cuestionamientos porque algunos de sus participantes plantearon abiertamente la posibilidad de modificar las políticas de derechos sexuales y reproductivos vigentes en Argentina. La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero sostuvo que existen proyectos para revisar normas aprobadas durante las últimas dos décadas y mencionó incluso la posibilidad de revertir la legislación sobre el aborto.
Sin embargo, distintos estudios de opinión citados en el informe señalan que una parte importante de la sociedad argentina mantiene posiciones favorables a políticas vinculadas con la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos y el matrimonio igualitario. Estos datos muestran que cualquier intento de modificar la legislación vigente deberá enfrentar un escenario social en el que esos derechos todavía cuentan con niveles significativos de respaldo.
Fuente: Página 12.
