El juez federal asumió el expediente que investiga a Diego Spagnuolo y a otros ex funcionarios por supuestos delitos de cohecho, fraude al Estado y asociación ilícita en la ANDIS.
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El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un expediente que involucra al ex funcionario Diego Spagnuolo y a otros integrantes vinculados al entorno libertario.
La designación de Lijo se produjo luego de que el magistrado Sebastián Casanello decidiera no continuar con la subrogancia del Juzgado Federal 11, tribunal que tramita la investigación. Casanello ocupaba ese lugar desde el año pasado, tras la vacante generada por el fallecimiento del juez Claudio Bonadio.
Al comunicar a la Cámara Federal que no solicitaría la prórroga de la subrogancia, el tribunal dispuso un nuevo sorteo, del que resultó designado Lijo, actual titular del Juzgado Federal 7. De esta manera, el magistrado asumirá la conducción de una causa que ya se encuentra avanzada y con múltiples procesamientos dictados.
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El expediente cuenta con 19 personas procesadas. Entre los principales imputados figuran Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian. Los delitos atribuidos incluyen cohecho activo, fraude contra la administración pública, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La causa por presunta corrupción en la ANDIS analiza supuestas maniobras irregulares vinculadas a la gestión del organismo, que depende del Estado nacional y tiene como función central la implementación de políticas públicas en materia de discapacidad.
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La llegada de Lijo al expediente se da en un contexto político particular, ya que el magistrado había sido promovido por el Gobierno como candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia, aunque su postulación generó debate en el ámbito judicial y político.
Con el cambio de juez, se espera ahora la revisión del estado procesal del caso y la definición de los próximos pasos judiciales en una investigación que involucra delitos contra la administración pública y que podría tener derivaciones políticas.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo


