Se trata de un pedido del presidente de la Cooperativa Eléctrica, Fabricio Petrakosky, a la concejal Alcalá. El mismo surge a raíz de los numerosos ataques que sufren los transformadores de la prestataria de servicios. Los delincuentes desguazan los equipos solamente para sustraer el cobre en su interior perjudicando a miles de usuarios.
La gobernadora Arabela Carreras precisó que decisión se debe a "la baja en los contagios en las ciudades que todavía registran un mayor número de casos y en las más pequeñas que ya llevan muchos días sin casos". Además, la mandataria dijo que "la fecha de vuelta a clases será anunciada por el Ministerio de Educación".
Se trata de un equipamiento de porte chico al cual la Municipalidad le compró un motor de aproximadamente a los 30 mil dólares. El mismo será afectado a todo lo que es la actividad de higiene urbana, remediación de mini basurales y desmalezamiento general en la ciudad capital.
El acto fue encabezado por la ministra de Educación, Florencia Perata, quien también habilitó una obra de infraestructura en la Escuela N° 159. Además, la funcionaria provincial anunció que la entrega de un vehículo destinado al traslado del equipo de la Casa Estudiantil.
Por medio de este acuerdo se realizarán acciones que promuevan el desarrollo de actividades agropecuarias mediante ensayos de tecnología, prácticas profesionalizantes y capacitaciones, en beneficio de los objetivos institucionales de cada una de las partes intervinientes. Además se entregaron subsidios a dos movimientos sociales por 175 mil pesos a cada uno.
Denunció casos de mujeres encarceladas que fueron obligadas a dar a luz encadenadas. También manifestó preocupación por el creciente número de niños indígenas privados de libertad.
El episodio se suma a una serie de ataques registrados en los últimos meses en la región del Catatumbo, donde desde comienzos de 2025 se desarrolla una grave crisis humanitaria por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33.
El operativo fue realizado por la Policía Nacional junto con la Task Force, un grupo de seguridad privada al servicio del Gobierno, y posteriormente el recinto quedó bajo resguardo de militares salvadoreños.