El pasado 21 de enero la comunidad comenzó a transitar una vez más el proceso de recolección de firmas para presentar un proyecto de Ley mediante Iniciativa Popular (IP), haciendo uso de este mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial en su artículo nº 263.
La IP buscará ampliar la protección ambiental de la Ley 5.001 y prohibir la minería metalífera a gran escala con uso de sustancias tóxicas, de la misma manera que lo estableció en Córdoba la Ley 9.526, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación. En el caso del proyecto de Chubut, también se prohíbe la minería de minerales nucleares.
Esta será la 3ª vez que los vecinos avancen con esta Iniciativa pero ¿Qué sucedió con las anteriores 2?
La primera se remonta a 2014 y logró más de 13 mil firmas. Tomó estado parlamentario el 3 de junio y fue el proyecto 075/14. Su tratamiento se postergó hasta el filo del plazo establecido para su tratamiento y finalmente se trató en noviembre.
Esto se dio luego que días antes el Vicegobernador de entonces, Gustavo Mac Karthy, advirtiera que si el proyecto no se trataba en el plazo establecido podía quedar aprobado automáticamente. Los diputados de entonces modificaron completamente el proyecto, desmembrándolo y despojándolo de su espíritu, dejando solamente el primer artículo original.
El proyecto modificado, denominado por las asambleas como el “fraude legislativo” llegó al recinto de votación el 25 de noviembre y fue aprobado por 15 votos a favor del nuevo texto frente a 12 que rechazaron lo sucedido y respaldaron la verdadera IP presentada.
La sesión fue escandalosa, no solo por las dilaciones y las modificaciones, sino porque incluso un diputado fue fotografiado intercambiado mensajes con una minera para que el texto se amoldara a los intereses de la multinacional.
Quienes votaron a favor de este proyecto contrario a la IP fueron los ex diputados Héctor Trotta; Juan Ale; Javier Cisneros; Eduardo Daniel; Mónica Gallego; Elba Willhuber (actual funcionaria de Provincia); Vicente Jara; Alejandra Johnson Taccari; Argentina Martínez; Adolfo Mariñanco; Exequiel Villagra; Gustavo Reyes; Félix Sotomayor (Frente para la Victoria), y Carlos Gómez (actual diputado provincial) y Gustavo Muñiz (PJ).
En respaldo de la IP original votaron Roberto Risso; José Luis Lizurume (UCR); Oscar Petersen (Polo Social); Miriam Crespo; Raquel Di Perna; Jerónimo García; Roddy Ingram (actual diputado provincial); Haydee Romero y Ana María Barroso (PJ “Modelo Chubut” – dasnevismo); José Karamarco (PJ) y María José Llanes y Anselmo Montes (Frente para la Victoria).
Tras sancionado el proyecto (Ley XVII-127), el gobernador Martín Buzzi no avanzó con la aplicación de la normativa y finalmente el gobernador Mario Das Neves convocó a la Legislatura a sesión extraordinaria en enero de 2016 y allí por unanimidad se votó la derogación. Previo a esto, Das Neves había coincidido en que lo sucedido “fue una vergüenza” y que “la IP fue bastardeada”.
“En una de las jornadas más vergonzosas, (los diputados de entonces) hicieron un manoseo de la cuestión, desnaturalizaron el proyecto y lo aprobaron. No nos olvidamos de estos hechos realmente vergonzosos”, manifestó en aquella ocasión.
La 2ª IP se presentó el 20 de noviembre de 2020 y tomó estado parlamentario el 24 con la denominación 129/20. Ese día también tomó estado parlamentario el proyecto de “Zonificación” del Gobierno, que a diferencia de la IP que fue enviada a 2 comisiones, el proyecto de megaminería solo fue enviado a una comisión.
Desde entonces hasta el 5 de mayo de 2021 el proyecto durmió en comisión, sin convocatorias a las asambleas, vecinos o comunidades para abordar la cuestión. En una reunión, se emitió un dictamen para rechazar el proyecto y el 6 de mayo, en una sesión virtual, con el voto a favor de 13 diputados y la abstención de 2, la Cámara desechó el proyecto sin el tratamiento que reclamaban los vecinos.
En este caso, quienes apoyaron descartar la IP fueron los legisladores Xenia Gabella; Miguel Antin; Emiliano Mongilardi; Roddy Ingram; Graciela Cigudosa; María Cativa; Mariela Williams; Carlos Gómez; Gabriela De Lucía; Pablo Nouveau y Juan Horacio Pais (Chubut al Frente), Sebastián López (Pro) y Carlos Eliceche (PJ).
En respaldo a la Iniciativa votaron José Giménez; Leila Lloyd Jones; Rossana Artero y Ángel Tirso Chiquichano (Chubut Unido), Zulema Andén (Chubut al Frente), Carlos Mantegna; Mario Mansilla; Belén Baskovc; Mónica Saso; Adrián Casanovas y Rafael Williams (PJ) y Tatiana Goic (CET). Se abstuvieron de votar a favor o en contra Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera (Juntos por el Cambio).
De esta forma se llegó a diciembre cuando contrariamente a lo expresado mediante las IP’s y las movilizaciones, la Legislatura aprobó la “Zonificación”, que menos de una semana después tuvo que derogar ante el rechazo popular.
Ante este panorama es que se presenta esta 3ª Iniciativa Popular, que busca plasmar en una Ley las movilizaciones que se dieron en toda la Provincia entre el 15 y el 21 de diciembre de 2021; además de plantearse como una “Consulta Popular” ya que se ha propuesto reunir más de 100 mil adhesiones para presentar ante la Cámara de Diputados.
Para finalizar, es importante recordar que las asambleas de cada localidad informan a diario dónde se puede firmar la IP. Al momento, no se ha establecido fecha “límite” para reunir firmas, precisamente para reunir la mayor cantidad posible.
Una vez que las firmas se presenten ante el Tribunal Electoral, éste tendrá un mes para realizar un muestreo y corroborar que las adhesiones son válidas. Posteriormente deberá dar ingreso del proyecto a la Legislatura, que tendrá un plazo de 6 meses para dar un real tratamiento.
Un dato no menor es que en caso de ingresar este año o a principios del que viene, serán los mismos diputados que la desecharon en 2021 los que deberán abordar esta tercera Iniciativa Popular.
