La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió un recurso presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. El máximo tribunal provincial deberá definir qué fuero tiene competencia para intervenir en el reclamo.
La disputa judicial por el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El expediente será analizado por el máximo tribunal luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata habilitara un recurso extraordinario presentado por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
El planteo cuestiona una resolución anterior que había dispuesto trasladar la causa a la Justicia Federal. El reclamo original fue impulsado por la Defensoría contra AySA y busca evitar que los cambios vinculados con la privatización afecten las obligaciones de la empresa en materia de agua potable, salud pública, protección ambiental, inversiones y obras de infraestructura.
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El conflicto ya había tenido avances judiciales en junio, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la compañía mantener sus compromisos operativos y de infraestructura en 26 municipios bonaerenses. Posteriormente, la Cámara confirmó esa protección y estableció que las obligaciones debían sostenerse hasta contar con una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional.
Sin embargo, ese mismo tribunal consideró que la causa debía continuar en el ámbito federal, decisión que fue cuestionada por Lorenzino. Los camaristas Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez entendieron que el recurso cumplía con las condiciones legales para ser tratado, al considerar que el traslado del expediente a otra jurisdicción constituía una decisión de carácter definitivo.
Con esta resolución, la Suprema Corte bonaerense deberá determinar si corresponde que el caso permanezca en la Justicia provincial o pase definitivamente al fuero federal. Mientras tanto, el litigio también mantiene abierta la discusión sobre las condiciones de prestación del servicio, las inversiones necesarias y las responsabilidades de AySA durante su proceso de privatización.
Con información de Ámbito.
