Cuatro legisladores nacionales presentaron un amparo para exigir que el Gobierno dé a conocer la valuación oficial de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). También solicitaron una medida cautelar para suspender la adjudicación de la licitación que contempla la venta del 90% de las acciones de la compañía.
La presentación fue impulsada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, junto con los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. La acción judicial está dirigida contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía.
Los legisladores pidieron que se entregue el informe completo de tasación, incluidos los criterios metodológicos, las proyecciones económicas y la tasa de descuento aplicada. Además, reclamaron una copia íntegra de la Resolución ATEP 1/2026, que habría declarado reservados los informes de valuación de las empresas públicas en proceso de privatización.
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Según denunciaron, esa resolución fue dictada el 1 de abril de 2026, pero no se publicó en el Boletín Oficial. También cuestionaron que la agencia rechazara pedidos de información presentados el 12 de agosto y el 28 de septiembre. Para los firmantes, la reserva vulnera la Ley de Acceso a la Información Pública y limita las facultades de control del Congreso.
El amparo solicita suspender la Licitación Pública Nacional e Internacional 504/2-0003-LPU26 e impedir la firma de contratos de concesión o transferencia de acciones hasta que se entregue la documentación. Los legisladores advirtieron que avanzar sin conocer el valor oficial de AySA podría ocasionar un perjuicio al patrimonio público. También cuestionaron el método de valuación y pidieron documentación al Tribunal de Tasaciones de la Nación.
La presentación busca que la Justicia declare la nulidad de la reserva y ordene transparentar la tasación antes de continuar con la adjudicación. Según el texto, la causa quedó radicada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de Santiago Carrillo. Además, hay una denuncia en trámite ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
