El fiscal Diego Luciani investiga los millonarios ingresos por alquileres que Báez percibió entre 2020 y 2025, pese a que muchas propiedades estaban embargadas. Se analiza si puede sumarse ese monto al embargo por la causa Vialidad.
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El empresario Lázaro Báez, condenado por corrupción, facturó más de $172 millones entre 2020 y 2025 mediante el alquiler de inmuebles, muchos de los cuales estaban embargados o bajo custodia judicial. La situación generó una fuerte reacción del fiscal Diego Luciani, quien impulsa la ejecución de bienes en el marco de la causa Vialidad, que busca recuperar $684.000 millones para el Estado argentino.
Además de las futuras subastas de propiedades, Luciani analiza la posibilidad de incautar las ganancias por los alquileres. Esta medida no es sencilla, ya que parte del dinero habría sido administrado por Noemí Insaurralde, pareja de Báez, quien cuenta con un poder legal para operar en su nombre desde 2020. La sospecha es que podría haber actuado como testaferro o canalizado los fondos a terceros para evadir el control judicial.
Uno de los casos más llamativos involucra a Claudio Ángel Kirchner, sobrino del expresidente Néstor Kirchner y funcionario actual del Gobierno de Santa Cruz, quien alquiló una vivienda a Báez por un total de $5.506.000 en cinco años. Solo en 2025, pagó $2.430.000, a pesar de que el inmueble figuraba entre los bienes cautelados.
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El listado de inquilinos incluye a la firma Automotores Yepun SA, que abonó $3.388.000 en 2025, y a Mao Lian Juan, quien pagó $4.556.080 ese mismo año. Todos los pagos fueron realizados mientras Báez se encontraba detenido, lo que demuestra que las operaciones continuaban sin interrupción.
Estos datos refuerzan la estrategia del Tribunal Oral Federal N.º 2, que ya intimó a Cristina Fernández de Kirchner, Báez y otros condenados a devolver los $684.990 millones por el desvío de fondos a través del direccionamiento de obra pública. El objetivo ahora es ampliar el alcance del embargo judicial e incluir los ingresos por alquileres en el total a recuperar.
La Justicia ya ordenó al Banco Nación abrir una cuenta para depositar los fondos restituidos y dictó embargos preventivos adicionales. Mientras tanto, la fiscalía sigue de cerca los movimientos de Insaurralde y otras personas cercanas a Báez, con el fin de evitar que los condenados por corrupción continúen usufructuando bienes de origen ilícito.
Fuente: TN
Foto: Archivo
