La expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez pasó una primera noche tras las rejas mientras se espera que sea interrogada por la Fiscalía general luego de su detención por su participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.
Los principales partidos opositores, de derecha, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019, condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios.
El ministro de Justicia rechazó acusaciones de Áñez de «persecución política», dijo que el proceso se ajusta a derecho y que a la expresidenta y exsenadora le corresponde un juicio ante un tribunal ordinario.
La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se dé transparencia a todos los procedimientos legales.
Áñez, de 53 años, fue detenida durante la madrugada del sábado en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz.
Como Áñez fueron detenidos también en Trinidad sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y todos fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados por la Fiscalía.
La acusación es por «sedición, terrorismo y conspiración». Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada por unas horas a la Fiscalía, pero se acogió al derecho al silencio y fue devuelta a la unidad.
La Fiscalía espera tomarle declaraciones en las próximas horas y decidir en qué condición legal la remite a un juez, para la apertura del proceso legal.
Dirigentes convocaron desde el próximo lunes protestas contra estas detenciones, calificadas como una «persecución política», informó la agencia de noticias AFP.
