La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este domingo, con 86 votos a favor, el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo de Paz en medio de la creciente tensión social y política que atraviesa el país tras más de un mes de protestas y bloqueos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB).
La norma desarrolla el artículo 139 de la Constitución y establece las condiciones, procedimientos y límites para la declaración de estados de excepción ante situaciones que representen una amenaza para la seguridad del Estado, conflictos internos, agresiones externas o desastres naturales. El debate parlamentario se extendió durante casi ocho horas antes de lograr su aprobación en general.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la incorporación del concepto de “insuficiencia operativa sobreviniente”, que habilita la participación de las Fuerzas Armadas cuando la Policía Boliviana no cuente con capacidad suficiente para controlar situaciones que comprometan la estabilidad institucional. Sin embargo, la ley mantiene a la fuerza policial como principal responsable de la preservación del orden público.
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La normativa establece que los estados de excepción deberán ser declarados mediante Decreto Supremo y tendrán una duración máxima de 90 días, con posibilidad de prórroga únicamente mediante autorización legislativa. Además, el Poder Ejecutivo deberá presentar un informe detallado sobre el uso de las facultades extraordinarias una vez concluida la medida.
Otro aspecto destacado es que autoriza arrestos temporales de hasta ocho horas por incumplimiento de las disposiciones vigentes durante el estado de excepción. Asimismo, garantiza patrocinio legal a policías, militares y funcionarios públicos que enfrenten procesos judiciales por actuaciones realizadas en ese contexto, aunque excluye expresamente los casos vinculados a tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.
La aprobación de la ley se produce en un escenario de fuerte conflictividad social, con protestas que reclaman la renuncia del mandatario y denuncias de sectores opositores sobre una posible ampliación de las facultades del Estado para intervenir en manifestaciones y bloqueos. El proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo antes de convertirse en ley.
Fuente: Telesur.
