Tres niños de entre uno y cuatro años fueron víctimas de violencia extrema en Santa Cruz y La Paz. La indignación crece mientras el debate sobre la protección infantil se intensifica.
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La violencia contra la infancia sacudió a Bolivia en los primeros días de marzo con el asesinato de tres menores de edad en menos de una semana. Dos de los crímenes ocurrieron en Santa Cruz y el tercero en un municipio rural de La Paz, todos con patrones de extrema violencia que han conmocionado a la sociedad.
El primer caso ocurrió en Warnes, donde un joven de 19 años, identificado como Iver S.V., llegó a un centro de salud con una niña de dos años sin signos vitales. La autopsia determinó que la menor falleció por golpes contundentes en la cabeza y el cuerpo, presuntamente propinados por el padrastro. La Fiscalía ha solicitado la pena máxima de 30 años de prisión.
El segundo crimen, ocurrido en el barrio Plan Tres Mil en Santa Cruz de la Sierra, estremeció aún más a la población. Una niña de un año murió tras ser brutalmente golpeada y abusada sexualmente. Las investigaciones apuntan a un adolescente de 16 años, novio de la madre de la víctima, como principal responsable del crimen. La mujer, identificada como Gina O.Z., habría intentado encubrir el asesinato.
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El tercer infanticidio tuvo lugar en Caranavi, La Paz, donde un niño de cuatro años llegó sin vida a un centro de salud, con signos de violencia abdominal. Su padrastro, de 27 años, fue detenido tras confirmarse que la víctima sufrió lesiones internas fatales. La madre del menor se encontraba en La Paz, en recuperación tras dar a luz.
Estos casos reflejan una tendencia alarmante en Bolivia. Según el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, en lo que va de 2024, 38 niños han sido asesinados por golpes o asfixia, la mayoría a manos de sus propios familiares.
El 67% de los infanticidios en el país son cometidos por personas cercanas a las víctimas, siendo los padres los principales agresores en el 29% de los casos. La cifra, que había disminuido desde 2020, volvió a incrementarse en 2023, generando preocupación en la sociedad civil.
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La indignación creció en redes sociales, donde la politóloga Susana Bejarano cuestionó la ausencia de políticas de protección infantil:
«No puede ser que todos los días seamos testigos de las barbaridades que les pasan a los menores y que no haya presupuesto para evitarlo. Si ellos son el futuro, no podemos seguir sin guarderías públicas ni centros de acogida dignos. No puede ser que una legislación que obliga a continuar con embarazos no deseados no contemple un Estado que acompañe esta tortura», escribió en su cuenta de Facebook.
El Estado boliviano enfrenta una creciente presión para fortalecer las medidas de prevención, protección y sanción en casos de violencia infantil, en un contexto donde la impunidad y la falta de recursos siguen siendo barreras críticas.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
