El informe del Consejo Indigenista Misionero denunció un aumento en los asesinatos y una fuerte represión territorial tras la aprobación del Marco Temporal. Las invasiones a tierras indígenas, aunque disminuyeron, siguen siendo una amenaza constante.
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En un contexto de creciente violencia y tensión territorial, al menos 211 indígenas fueron asesinados en Brasil durante 2024, según reveló un informe del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), basado en datos oficiales. Esta cifra representa tres homicidios más que en 2023, y pone de manifiesto el agravamiento de los conflictos que afectan a los pueblos originarios.
Uno de los casos más impactantes fue el asesinato de María Fátima Muniz de Andrade, conocida como Nega Pataxó, líder indígena del pu
eblo Pataxó. Fue asesinada el 21 de enero en el municipio de Potiraguá, en Bahía, cuando unos 200 agricultores armados irrumpieron a tiros en la hacienda Inhuma, en plena ocupación por comunidades indígenas.
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Aunque el informe registró una disminución del 16,7% en las invasiones a tierras indígenas (230 casos en total), alertó que los ataques persisten con explotación ilegal de recursos, incendios y apropiación para actividades agropecuarias. En total, 159 tierras indígenas de 21 estados brasileños fueron invadidas durante el último año, en su mayoría, territorios ya demarcados.
El CIMI denunció que estos hechos se intensificaron a partir de la aprobación del Marco Temporal, una ley que limita el derecho de los pueblos originarios a las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988. Esta legislación fue el detonante de numerosas protestas indígenas durante 2024, que reclaman su inconstitucionalidad y la paralización de los procesos de demarcación territorial.
“La ley sustentó e incentivó todas las formas de violencia”, advierte el documento, al tiempo que destaca que muchos pueblos comenzaron a retomar sus tierras ancestralmente ocupadas, lo que derivó en nuevos enfrentamientos con latifundistas, madereros y mineros ilegales.
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Durante la presentación del informe, el obispo Ricardo Hoepers, secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, aseguró: “Este informe es un grito por la vida, por la justicia y la dignidad”, e instó al Estado a asumir su responsabilidad histórica frente a los pueblos originarios.
El informe subraya que la declaración de inconstitucionalidad del Marco Temporal es urgente, ya que “no puede ser aplazada más” frente a la creciente ola de violencia, despojo territorial y vulneración de derechos que enfrentan las comunidades indígenas en todo Brasil.
Fuente y foto: EFE
