La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta una serie de iniciativas legislativas para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad interior, en medio de críticas y divergencias dentro del Gobierno.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está promoviendo una serie de proyectos de ley destinados a fortalecer la seguridad interior y combatir el crimen organizado en Argentina. A pesar de las diferencias internas en el Gobierno, Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, han presentado los borradores de estas iniciativas en la Casa Rosada y los han enviado de manera confidencial a los bloques oficialistas de La Libertad Avanza y el PRO.
Uno de los proyectos destacados es la denominada «Ley Antimafia», destinada a combatir a las organizaciones criminales involucradas en actividades como el tráfico de drogas, homicidios, pornografía infantil y otros delitos complejos. Esta ley busca modificar el enfoque actual para enfrentar el crimen organizado, adoptando medidas más contundentes como la acción de extinción de dominio para despojar a los delincuentes de sus bienes.
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Además, se propone la incorporación del instituto de «reiterancia» al Código Procesal Penal, con el objetivo de otorgar prisión preventiva a aquellos que tengan antecedentes delictivos previos. Bullrich subraya la necesidad de cortar con la impunidad y garantizar una respuesta efectiva a la delincuencia.
Otro aspecto importante de la agenda legislativa de Bullrich es la ampliación del registro de ADN a todos los delitos, con el fin de mejorar la identificación de los criminales. También se plantea una «ley antipiquete» para garantizar el orden público y la libre circulación, con penas más severas para quienes organicen cortes de calles u obstaculicen el funcionamiento de servicios públicos.
Entre las medidas más controvertidas se encuentra la modificación del artículo 37 de la ley de Seguridad Interior, que permitiría la intervención de las fuerzas militares en la lucha contra el «narcoterrorismo». Esta propuesta ha generado debate sobre el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior y la protección de los derechos civiles.
A pesar de las críticas y divergencias dentro del Gobierno, Bullrich y Petri defienden estas iniciativas como necesarias para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Fuente: NA
