miércoles 11 diciembre 2024

Buscan Justicia para las víctimas de la represión de diciembre

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Actualizado: 07:23 11/12 | downtack.com

Este jueves hubo una audiencia en Rawson, la cual pasó a un cuarto intermedio hasta el martes a las 13.30, donde se pedirá la revisión del archivo de 15 denuncias de vecinos víctimas de la violenta represión desatada el 15 y 16 de diciembre, cuando la comunidad se movilizó en contra la “Zonificación” aprobada por 14 diputados.


Represión y detenidos en Rawson tras la aprobación de la “Zonificación”


La audiencia pasó a un cuarto intermedio ya que el jueves, la Defensa Publica recusó a la fiscal del caso, Florencia Gómez; y el fiscal Leonardo Cheuqueman, ambos de Rawson, con un duro cuestionamiento.

La Jefa de la Fiscalía de Trelew, Silvia Pereira, deberá resolver sobre la recusación en un plazo de 3 días por lo cual, a la espera de la determinación, se pasó para el martes la continuidad de la audiencia donde se pedirá el desarchivo de las causas.

Vale señalar que el caso tiene que ver con las personas que fueron violentadas y víctimas de la represión con balas de goma y gases por parte de la Policía del Chubut en diciembre del 2021, luego que se aprobara la Ley de Megaminería.


“Zonificación”: Marcha, incidentes y represión en Rawson


Por aquellas jornadas, las denuncias de los vecinos contra el accionar policial fueron archivadas y en contraposición, 24 personas fueron imputadas y son investigadas por los incendios registrados el 16 de diciembre en Rawson.


Los argumentos para recusar a los fiscales:

  • La fiscal Gómez ha realizado diligencias junto al Fiscal Rivarola. Entre estas diligencias, ha tomado declaración a Jefes Policiales que presumiblemente pueden ser imputados en los hechos de violencia policial denunciados por la comunidad, también ha solicitado requisa a personas que han sido denunciantes de estos hechos de violencia policial.
  • Consta la Resolución 02/2022, dictada por el procurador general adjunto Dr. Emilio Porras, del 9 de febrero 2022, donde da cuenta que la Fiscal postula el archivo de las actuaciones de manera intespestiva, y sin consulta previa, bajo el supuesto argumento de ausencia de dolo de los funcionarios públicos: “Adelanto que la decisión de la Fiscal aparece prematura, infundada, apresurada y tomada con una ligereza, que no se condice con la magnitud de los acontecimientos”.
  • Desde los señalamientos del procurador, en febrero y hasta el mes de junio, no se realizó ninguna medida de investigación por parte de la Fiscal. Y procedió al archivo de las denuncias.
  • La actuación de la Fiscal está reñida con la responsabilidad de su cargo y violenta los estándares de Derechos Humanos, en cuanto a la debida diligencia en la investigación de delitos de gravedad producidos por las fuerzas policiales, la tutela judicial efectiva de la víctimas, el real acceso a la justicia y el básico principio de búsqueda y conocimiento de la verdad de los hechos.
  • Las consecuencias de la inacción de la funcionaria son graves, como ser la perdida de evidencias y la afectación de la memoria de los denunciantes naturales por el paso del tiempo y las medidas probatorias que no realizo la Fiscal en todos los legajos fiscales por ejemplo, no entrevistar a las víctimas para recabar mayor prueba, ni a los testigos que surgen de material fílmico, fotos e informes.
  • No realizó informes victimológicos, no se recabó la necesidad de acompañamiento y ayuda terapéutica, tampoco la protección y situación traumática y post traumática que producen los hechos de la violencia descripta.
  • No desarrollo informe sobre videos colectados en relación a los actos vejatorios de violencia policial.
  • No se realizaron actuaciones en los lugares comerciales donde ingresó, golpeo y detuvo personas la policía.
  • No se relevó las personas atendidas en el Hospital zonal Sta. Teresita u otros centros de salud, ni se entrevistó al personal de salud.
  • Tampoco procede a la individualización de los autores de los hechos, entre los que se encuentran dos responsabilidades claras, los policías que participaron de la represión, y los Jefes policiales que dieron las órdenes.
  • La recusación del funcionario Fiscal, Leonardo Cheuqueman, se pide por varios motivos, entre ellos, que ha sido Oficial de la Policía con extensa trayectoria, lo que representa un conflicto de intereses y parcialidad a la hora de investigar a sus ex camaradas, por lo cual el deber de objetividad se ve fuertemente debilitado.

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