La Justicia procesó y ordenó la detención de cinco miembros de una organización acusada de múltiples fraudes con departamentos de pozo. Vendían unidades que no construían o duplicaban ventas.
Cinco empresarios ligados al sector de la construcción fueron detenidos tras ser acusados de liderar una red de estafas con la venta de departamentos de pozo. La maniobra incluyó la creación de más de veinte sociedades y afectó al menos a 36 personas en distintos proyectos inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los detenidos se encuentran cuatro integrantes de la familia L’Abbate y su apoderado, todos procesados por asociación ilícita y múltiples hechos de estafa.
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La jueza Paula González, del juzgado Criminal y Correccional N°40, dictó el procesamiento de los implicados y ordenó embargos millonarios. A Santiago David L’Abbate le trabaron un embargo por 905 millones de pesos, mientras que a los otros imputados se les inhibieron bienes por más de 190 millones. Según la fiscal Mónica Cuñarro, desde 2012 se habrían cometido las estafas bajo una estructura criminal organizada y económicamente sofisticada.
Los empresarios operaban a través de la firma Induplack Fiduciaria S.A., captando inversiones mediante promesas de entrega de viviendas que nunca se concretaban. En algunos casos, las unidades eran vendidas dos veces, mientras que en otros ni siquiera existían los planos aprobados por el Gobierno porteño. Los compradores entregaban dinero en cuotas y, pese al incumplimiento, se les ofrecían nuevas unidades en distintos proyectos, repitiendo el mismo patrón de fraude.
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La maniobra incluía hipotecas sobre terrenos, incumplimiento de contratos, y propuestas de acuerdos que nunca se concretaban. Varias víctimas detectaron que los departamentos que habían comprado estaban ya habitados por otras familias que también alegaban ser legítimos dueños. Las operaciones fraudulentas se replicaban sistemáticamente, con perjuicios económicos y emocionales para los damnificados.
El caso representa uno de los mayores escándalos inmobiliarios recientes en la ciudad y generó más de 100 causas judiciales desde diciembre. La Justicia busca ahora identificar a todos los cómplices, recuperar activos y establecer el verdadero alcance de la red delictiva. Según fuentes de la investigación, las maniobras eran realizadas con total conocimiento del incumplimiento, priorizando el lucro ilícito por encima de cualquier compromiso legal.
Fuente: LA NACIÓN.
