La semana pasada la Municipalidad de Camarones, a través de la intendenta Claudia Loyola, expresó su repudio a una resolución de la Secretaría de Pesca que determinó el aumento de la tarifa de amarre en el puerto de la localidad.
Se trata de la resolución 05/2022, emitida el 13 de junio, la cual “perjudica totalmente el desarrollo del puerto en esta temporada”, disparó Loyola, al evaluar que “es un despropósito en plena temporada de pesca nacional”.
La mandataria expresó que “se impone una tarifa de 150 mil pesos el amarre y superando las 10 horas se harían a 450 mil pesos, lo cual estamos totalmente en desacuerdo y repudiamos dicha medida”.
Frente a esta situación, este domingo se reunieron con Loyola los trabajadores armadores y dueños de barcos del puerto local, donde se conversó sobre la decisión administrativa pero también se expresó la preocupación de parte del sector de los trabajadores por la continuidad de la actividad.
En este sentido, se solicitó una “urgente” una reunión con el gobernador Mariano Arcioni para reclamar la derogación de la resolución.
“Pedimos una reunión urgente, si es posible este lunes, con el fin de acercarle nuestra preocupación por la situación que está atravesando el puerto debido a la última resolución emitida por Pesca provincial, a través de la firma de su titular, Gabriel Aguilar”, afirmó Loyola.
La Intendenta, expresó que “desde el Ejecutivo no vamos a tolerar ninguna medida que ponga en riesgo el trabajo del sector pesquero de nuestro pueblo”, resaltando que el puerto “representa el ingreso mensual de muchas familias camaronenses y es motor fundamental de nuestra producción local”.
“Queremos que las embarcaciones se queden en nuestro puerto y que haya trabajo para todos”, sentenció Loyola y advirtió que “se están tomando decisiones demasiadas egoístas con el puerto de Camarones desde el Gobierno provincial y la Secretaría de Pesca en particular”.
Apuntó así que “nuestro municipio no tiene ninguna injerencia en la administración, ni en el control del puerto. Sin embargo, frente a los acontecimientos, estamos convencidos que nos corresponde ser atendidos y además participar en la mesa de decisiones”.
“Las determinaciones arbitrarias que se tomen entre 4 paredes de una oficina de Rawson pueden perjudicar la economía hogareña de muchas familias de Camarones que viven de la actividad pesquera y del puerto”, sentenció Loyola.
“Es ahí donde entra nuestra preocupación. Es desde la defensa por el trabajo de la familia portuaria que vamos a llegar a Rawson. Seremos acompañados por concejales locales y con el apoyo de todo el sector pesquero”, finalizó.
