La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) expresó su rechazo y preocupación frente al proyecto que busca imponer un «aporte en especie» de un kilo de langostino por cada cajón descargado, destinado a conformar un fondo denominado REPROCH. El proyecto fue presentado por el legislador justicialista Gustavo Fita.
La cámara sostiene que dicha medida constituye un nuevo impuesto encubierto que se sumaría a un sistema tributario ya excesivamente gravoso para la actividad pesquera industrial de la provincia.
Según CAPIP, la propuesta resulta inoportuna e injustificada en un contexto en el que el sector pesquero enfrenta precios internacionales en baja, caída de la demanda y altos costos operativos. Asimismo, advierten que la creación de un nuevo tributo no solo carece de oportunidad, sino que amenaza con comprometer el inicio y desarrollo de la temporada. Además, la propuesta no contempla la rentabilidad real de las empresas ni establece criterios claros de transparencia en la administración de los fondos.
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La carga tributaria actual
Desde la entidad aseguran que el sector de la industria pesquera en Chubut ya afronta una estructura de costos fiscales y parafiscales de enorme magnitud:
- Impuestos provinciales: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos grava la captura al 0,75% y el procesamiento industrial al 1,5%, mientras que los servicios conexos tributan al 4%.
- Canon pesquero provincial: actualmente representa alrededor del 2% del valor del pescado desembarcado.
- Tasas municipales: en Puerto Madryn, la Tasa de Seguridad e Higiene equivale al 1,48% de la facturación mensual, lo que disparó los costos locales de las plantas pesqueras (casos de empresas que pasaron de pagar $2 millones anuales a alrededor de $40 millones). En Rawson y Comodoro se aplican esquemas similares, con alícuotas cercanas al 1%.
- Tarifas de servicios públicos: los costos de agua y energía son especialmente elevados. En Puerto Madryn, el agua que llega a los buques alcanza un valor cercano a USD 9,59 por m³, el más alto del país (frente a USD 2 en Mar del Plata o USD 5 en Comodoro).
- Cargos portuarios: los buques deben abonar aranceles diarios de atraque, servicios de agua, electricidad y residuos. En Rawson, por ejemplo, un barco de más de 15 metros paga más de $7.300 diarios de uso de muelle, además de cargos adicionales.
- Tasas ambientales y sanitarias: se suman las habilitaciones, evaluaciones y controles ambientales, además de las tasas de SENASA para exportación.
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Críticas al proyecto
El comunicado de CAPIP sostiene que el sector no soporta más cargas. Sumar un nuevo tributo en especie implica quebrar la frágil ecuación económica que mantiene a flote la actividad.
La entidad cuestiona que se trate de un esquema regresivo, ya que el aporte se exige sin relación con la rentabilidad de la empresa: se paga igual en condiciones de pérdida o de ganancia.
También señala la ausencia de control y transparencia. El proyecto propone que la administración quede en manos de la Secretaría de Pesca y los sindicatos, sin auditorías externas. Además, destina un 15% directo a gremios sin criterios claros.
Por último, advierte sobre la contradicción con políticas necesarias. En lugar de reducir retenciones o aliviar ingresos brutos, se suma un nuevo costo justo en el peor momento de la actividad.
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La creación de un «impuesto por cajón» bajo la forma de aporte en especie no es una solución ni para el empleo ni para el ambiente, afirman desde CAPIP. Es una medida improvisada que amenaza con profundizar la crisis de la industria, desincentivar la producción formal y poner en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a la pesca en Chubut.
«Desde CAPIP reiteramos nuestra vocación de diálogo y nuestro compromiso de aportar propuestas técnicas y responsables. Pero rechazamos con firmeza toda iniciativa que agrave la situación actual y comprometa la sustentabilidad de una actividad vital para la economía regional y nacional», señaló la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras.
