La ex primera dama de Francia, Carla Bruni, fue imputada en una investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de su marido, Nicolas Sarkozy, en 2007 con dinero de Libia. Bruni está acusada de manipulación de testigos y asociación ilícita para cometer fraude judicial en banda organizada.
Los jueces investigan por qué Ziad Takieddine, un testigo clave contra Sarkozy, retiró inesperadamente su acusación de haber entregado maletines con millones de euros del dictador libio Muamar Kadafi al equipo de campaña de Sarkozy. Las sospechas recaen sobre Bruni, quien supuestamente jugó un papel central en la «Operación salvar a Sarko», una estrategia para lograr que Takieddine exonerase a Sarkozy.
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Según la Justicia, Bruni actuó como intermediaria entre Sarkozy y Michele Marchand, una relaciones públicas conocida como «Mimi», a través de una línea telefónica oculta. Marchand, jefa de una agencia de fotos especializada en la prensa del corazón, enfrenta acusaciones de soborno a Takieddine. Una investigación reveló que Bruni borró todos los mensajes intercambiados con Marchand, lo que ha levantado más sospechas.
Bruni ha sido puesta bajo control judicial con la prohibición de contactar con los protagonistas del proceso, excepto su esposo, Nicolas Sarkozy.
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Este caso es parte de una serie de problemas legales que enfrenta Sarkozy, quien fue imputado en octubre de 2023 por posible manipulación de testigos y asociación ilícita para cometer fraude judicial. Sarkozy será juzgado a inicios de 2025 por recibir supuestamente fondos de Libia en su campaña, cargos que él niega.
La justicia busca esclarecer las circunstancias que llevaron a Takieddine a retractarse de sus acusaciones, sospechando que personas cercanas a Sarkozy pudieron haber influido en su cambio de versión.
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Este desarrollo añade una nueva capa de complicación a los problemas judiciales del ex presidente francés, cuyas implicaciones legales han sido una constante desde el término de su mandato en 2012.
