Liliana Guerra, madre el joven que murió tras ser atropellado por Nicolás Suganuma en la madrugada del 18 de enero, realizó este martes una conferencia de prensa acompañada de su abogada, Gladys Olavarría.
El tema central de la conferencia fue el pedido de la Justicia de un pago de una «Tasa Judicial» de $443.635 para seguir con el juicio por daños y perjuicios.
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Al hacer uso de la palabra, la abogada Olavarría explicó que «hace un mes venimos discutiendo el tema de la tasa de Justicia. Hemos presentado una exención que surge de la ley 2.413 (inciso B), la cual establece, en forma expresa y literal, que el querellante tiene la posibilidad de ser eximido del pago de la tasa de Justicia hasta el momento en el que se dicte una sentencia firme que establezca la absolución o la condena de la persona que está siendo investigada. En ese momento, los jueces penales determinan, a través del juez de ejecución, cual es el monto que se va abonar de tasa de Justicia y la forma del pago de la misma».
Asimismo, indicó que «hemos plateado esta postura ante el juez Gustavo Castro nos respondió que nosotros nos habíamos constituido como actores civiles y -por esa razón no nos hace lugar a la exención. Por esta razón, presentamos una revocatoria a esta decisión porque nosotros no somos ‘actores civiles’ sino que nos constituimos como querellantes. El juez Castro omitió resolver el caso y nos dijo que debíamos acudir a la oficina de la Tasa de Justicia. Allí una directora le solicita a la Oficina Judicial que nos notifique para intimarnos por el plazo de 15 días hábiles para abonar esta Tasa de $443.635. Ella nos responde que no corresponde que pidamos esa exención ni tampoco da otros fundamentos. Estamos en la nebulosa y es un dictamen totalmente infundado cuando la ley señala, en forma expresa, que hay una exención cuando hay un querellante que solicita este tipo de “beneficio”».
«Nosotros no estamos en desacuerdo con que el Poder Judicial pueda reclamar un pago de una Tasa de Justica, pero no es el momento, ya que se debe abonar cuando se produce una sentencia firme. Ahí se determina el monto concreto que se va a pedir en base a esta Tasa. Esta es una acción civil que se hace dentro de la causa penal. Se hizo porque es más rápida para cubrir las demandas y los derechos del reconocimiento de los derechos de la familia Guerra. Uno de los fines es el resarcimiento a la víctima. El Estado no puede, bajo ningún aspecto, reclamarle y ponerle un freno a los derechos de la víctima mediante el pago de una Tasa de Justicia altamente importante cercana a los $500.000. Encima, nos dicen que este es el 20% de la tasa de justicia y después de la causa habría que pagar el 80% restante. Esto, bajo todo punto de vista, resulta irracional cuando hemos requerido el auxilio judicial en la que surge la ‘exención’ en forma expresa en la ley”», comentó.
Por otro lado, la abogada dijo que «los fines de la pena tienen tres fundamentos. Uno de ellos es la prevención general que significa que toda la sociedad no tiene que cometer un hecho como el que se investiga. Por otro lado, la prevención especial es que la persona que fue la responsable del hecho se haga cargo –personalmente- de sus acciones desde el punto de vista legal. El tercer fin es el resarcimiento y la retribución por lo que al fijarle una Tasa a la familia Guerra significa negarle el derecho para lograr el resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos».
«ME SIENTO COMO CUANDO SUGANUMA MATÓ A MI HIJO»
Por su parte, Liliana Guerra, al referirse al pedido del pago de la Tasa Judicial, sostuvo: «que se me imponga de esta manera, la verdad que es un momento muy triste y yo hoy me siento como el 18 de enero cuando Nicolás Suganuma mató a mi hijo».
Además, se le consultó a Liliana si siente que la están privando al acceso de la Justicia y respondió: «por supuesto, se me ponen muchas trabas. Como dice el dicho “el palo en la rueda”».
Para finalizar, sostuvo que se siente que la Justicia ha vuelto a matar a su hijo: «yo no digo que lo ha hecho, pero se siente así. Me siento muy desamparada».
