Foto: lagopuelo.gob.ar.
La concejal dialogó con Radio 3 y brindó detalles sobre el pedido de reapertura del caso que involucra al exintendente de Comodoro Rivadavia y actual candidato a diputado nacional.
La concejal de Lago Puelo, Analía Castro, presentó este lunes ante el Ministerio Público Fiscal un pedido formal para reabrir la investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados al manejo de fondos públicos durante los incendios de 2021. Según la edil, existen nuevas pruebas que justifican retomar la causa, que había sido archivada previamente y que salpica al exintendente de Comodoro Rivadavia y candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque.
En diálogo con Radio 3, Castro señaló: “La Justicia archivó esta causa, pero eso no quiere decir que quienes fueron denunciados hayan quedado libres. Hay suficiente prueba documental que indicaría que sí se cometió delito, por eso pedimos la reapertura y que se periten los medios electrónicos secuestrados en su momento”.
La denuncia inicial apunta a la administración de fondos destinada a la reconstrucción de viviendas afectadas por el incendio del 9 de marzo de 2021, donde se presupuestaron 237 millones para 250 casas y 36 millones para 91 mejoramientos habitacionales. Según Castro, los fondos fueron manejados mediante compras directas sin respetar procedimientos administrativos.
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La concejal también destacó la relación con Luque, y su vinculación política con el entonces intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez: “El equipo de Luque asistió a la administración de la emergencia en Lago Puelo. Las pruebas están a la vista y es importante que la Justicia considere estas irregularidades”.
Sobre la situación actual de los damnificados, Castro explicó: “Muchas familias reconstruyeron sus viviendas con ayuda propia o donaciones, pero aún faltan hogares. Se ejecutaron alrededor de 120 módulos de los 250 previstos, y es necesario revisar la documentación y los precios de los bienes comprados en comparación con otros proveedores”.
Finalmente, la edil detalló los próximos pasos: “Ahora está en manos de la Fiscalía la decisión de reabrir la causa. Hemos aportado prueba documental adicional y pedimos también pericias informáticas y caligráficas. La idea es que los damnificados tengan justicia y se analice el manejo de los fondos de manera completa”.
