En el juicio por el tramo “La Camarita” de la causa Cuadernos, la Unidad de Información Financiera sostuvo que existió un sistema organizado de pagos ilegales vinculados a la obra pública, con funcionarios y empresarios como partícipes necesarios.
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El Tribunal Oral Federal N.º 7 avanzó este jueves con la lectura del requerimiento de elevación a juicio en el expediente derivado de los cuadernos de Oscar Centeno, en el segmento conocido como “La Camarita”. Durante la audiencia, la Unidad de Información Financiera (UIF), en su rol de querellante, afirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares.
Según la exposición del organismo antilavado, el dinero habría sido entregado a través de un entramado sostenido durante varios años entre funcionarios públicos y empresarios del sector de la construcción. La UIF describió la existencia de un “acuerdo espurio” que permitió la recaudación sistemática de retornos asociados a contratos de obra pública y servicios estatales.
Durante una lectura que se extendió por cerca de cinco horas, se detalló un mecanismo apoyado en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. En ese esquema, los anticipos financieros de las obras oscilaban entre el 10% y el 20% de los montos adjudicados, o bien se fijaban sumas equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.
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Para la UIF, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tuvo un rol central en la implementación del sistema, mientras que José López habría coordinado el circuito operativo. A su vez, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, fue señalado como ejecutor del esquema, y el financista Ernesto Clarens como el encargado de la recaudación.
La acusación sostuvo que los sobornos se pagaron entre enero de 2008 y septiembre de 2010 y que luego fueron entregados a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, ya fallecido. Como respaldo, se mencionó un archivo de Excel aportado por Clarens, con fechas y montos de cada entrega.
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Entre las empresas mencionadas, la UIF destacó a JCR S.A., de la familia Relats, que habría realizado 40 pagos por más de 85 millones de pesos. En paralelo, esa firma fue beneficiada con decenas de obras viales por montos millonarios. También se mencionaron pagos atribuidos a firmas vinculadas a Cristóbal López y Fabián De Sousa.
El requerimiento incluyó además referencias al vínculo comercial entre el matrimonio Kirchner y el Grupo Relats a través del complejo hotelero Los Sauces, señalado como uno de los mecanismos de ingreso al patrimonio familiar. Con estas acusaciones, el juicio avanza sobre uno de los tramos más sensibles de la causa Cuadernos.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
