El escándalo por la millonaria transferencia bancaria desde el Gobierno de San Luis a una cuenta particular sumó este lunes un nuevo capítulo: la Justicia decidió dejar sin efecto las fianzas y las prisiones preventivas de los seis imputados en la causa, aunque el procesamiento sigue vigente. Así lo confirmó el abogado defensor de la principal acusada, Verónica Acosta.
El caso salió a la luz a comienzos de mayo, cuando Acosta recibió por error en su cuenta de Mercado Pago la suma de $510.236.811, proveniente de una operación oficial del Ejecutivo puntano. Con ese dinero, la mujer realizó compras y transfirió montos considerables a familiares directos, quienes también quedaron involucrados en la investigación judicial.
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La imputación a Acosta y a sus allegados incluye los delitos de defraudación especializada mediante el uso continuado de tarjeta de débito, fraude a la administración pública y retención indebida. Durante la audiencia imputativa, la Justicia había dispuesto una fianza de $30 millones (unos $5 millones por persona) y ordenado la prisión preventiva de todos los acusados.
Sin embargo, el abogado Hernán Echeverría explicó que, tras revisar el expediente, el tribunal resolvió levantar tanto las medidas restrictivas como las cauciones económicas. Sostuvo que el hecho se originó a partir de una “operación bancaria errónea o automatizada”, y que no existió una intención dolosa inicial por parte de los imputados. A pesar de esto, la causa judicial continúa abierta y el procesamiento se mantiene.
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La Justicia deberá ahora avanzar en el análisis técnico de cómo se produjo la transferencia y si hubo negligencia por parte del Estado provincial. También se espera que se determine el grado de responsabilidad de los imputados en el uso de fondos que no les correspondían. Mientras tanto, la ciudadanía puntana sigue de cerca un caso que pone en el centro de la escena la seguridad de las finanzas públicas y los controles estatales.
Fuente: Noticias Argentinas.
