La causa «Revelación» llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.
En este marco, el tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. En total, la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.
El comienzo de los relatos testimoniales aportados por las defensas lo marcó Marta Evans, quien se desempañó como gerenta de la sucursal del Banco del Chubut SA ubicada sobre calle Belgrano, en Trelew, durante el período investigado y fue aportada por el abogado defensor del imputado Martín Castillo.
La testigo informó las funciones que desempañaba la dependiente Bianca Di Martino, oficial de cuenta asignada a la empresa Industrias Bass propiedad de Castillo. Explicó que las gestiones con funcionarios provinciales sobretodo del IPV eran habituales con el fin de cerciorarse que se dispondrían de fondos para pagos de certificaciones de obras realizadas por esta empresa y de esa manera poder girar o adelantar pagos desde el banco antes de los plazos de cierre de las cámaras compensadoras.
Posteriormente, convocada también por el abogado Abdón Manllauix, prestó declaración Gabriela Dufour. Su relato a tenor de las preguntas, se basó en explicar que mientras fue Ministra de Desarrollo Territorial del gobierno del ex gobernador Martín Buzzi se realizó la reparación del muelle Murray Thomas. Informó que en el marco de una emergencia económica, de oportunidad productiva (gran posibilidad de cantidad de capturas de pesca) pero también de la delicada situación edilicia de la estructura del muelle y el riesgo de vida que podría acarrear, se elevó a la autoridad de administración de puertos esta circunstancia para que se autorice la contratación directa de la obra.
La empresa de Castillo se hizo cargo de este trabajo y las alternativas de esta obra las llevaba adelante el Ing. Juan Granada encargado del organismo administrador de puertos que a su vez informaba a la ex Ministra Dufour.
Luego fue citado como testigo el Dr. Emiliano Chialva, propuesto por la defensa del contador Víctor Cisterna. El abogado particular Emilio Galende le acercó para su lectura dos circulares de comienzos del año 2016 en las cuales les hicieron llegar a todo el gabinete un memorando por el que se ordenaba a todos los ministros, secretarios y presidentes de entes autárquicos que debían informar todo contrato de locación de obra, de bienes y de servicios para que estos sean visados por el secretario privado de entonces.
Dichas circulares las firmaba Diego Correa, que era quien debía visar los mismos. A instancias del Dr. Galende, el testigo informó que dichos visados no tenían que ver con pagos, sino que eran actos previos al contrato y con ello a la preparación del expediente de compra o contrato.
Explicó Chialva que estas circulares fueron ordenes internas y que ante el no cumplimiento podrían existir sanciones si no se cumplían. Y en atención a la pregunta del Dr. Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, dijo que «no queda plasmada en ningún lado la voluntad del gobernador, se confía en lo que afirma en el escrito su secretario privado» y aseveró que, si bien no tenía el Secretario Privado más jerarquía que los Ministros, en otras oportunidades vio circulares parecidas firmadas por el propio Gobernador.
El último testigo propuesto por la defensa de Víctor Cisterna fue Gustavo Uad quien, al igual que Chialava, se desempeñó en la Asesoría General de Gobierno en el período investigado. Uad fue consultado para que explique sobre los memorandums que le fueron mostrados al anterior testigo. Explicó de manera extensa y detallada todo el procedimiento administrativo que implica una circular del gobernador.
Dejó en claro a solicitud del defensor la diferencia entre contratos de locación de obra y los de obra pública, indicando que los primeros se refieren en general a la contratación de una persona para la realización de un trabajo y que, en definitiva, se usaban para contratar empleados en la administración pública mientras que los contratos de obra pública tienen una legislación específica como así también el procedimiento para los pagos correspondientes. Consultado también por el defensor, Uad explicó que las circulares, algunas firmadas por el exministro coordinador Cisterna, no imponen obligaciones de pago alguno por ningún concepto.
Fuente: JusNoticias Chubut.
